1.268 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.739 con síntomas de esta enfermedad
Un total de 6.007 usuarios de residencias madrileños han fallecido por coronavirus desde el inicio de la pandemia hace casi tres meses, de los casi 8.000 fallecidos totales por todas las causas, atendiendo a los datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad al Gobierno central.
Con el registro actualizado, se trata de 20 fallecidos más que en el último registro del viernes. De los 6.007, 1.268 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.739 con síntomas de esta enfermedad. Los datos de las últimas semanas revelan que estabilizan los residentes muertos por Covid-19, puesto que son ya más fallecidos por otras causas.
Los datos se refieren a todos los centros de servicios sociales de carácter residencial autorizados en la región y que prestan atención a los sectores de personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. Son 710 centros y 42.355 residentes. La gran mayoría de todos ellos están geriátricos, compuestos 475 centros (18 de gestión indirecta, 161 concertados, 271 privados y 25 públicos directos) y que concentran casi toda la mortalidad.
RESIDENCIAS INTERVENIDAS
Hasta la fecha, un total de 14 residencias están intervenidas por el Ejecutivo regional y el número de fallecidos con Covid-19 en estos centros alcanza los 667, tres más que hace cuatro días. En este grupo de residencias viven actualmente 1.438 ancianos.
Las residencias intervenidas desde principios de abril son DomusVi Espartales, Casaquinta Ciempozuelos, Isabel La Católica-La Ventilla, Fundación Reina Sofía Alzheimer, Sergesa Boadilla, Vitalia Leganés, Monte Hermoso Madrid, Residencia de Usera, Geriatel Rivas, Orpea Santo Domingo, Santísima Virgen y San Celedonio, La Purísima Concepción, Santa Teresa Jornet y Las Golondrinas de Robledo de Chavela.
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, afirmó el lunes en la Asamblea de Madrid que en breve podría acabar la intervención de algunas de estos centros. El número de trabajadores de estos 14 geriátricos se situaba desde el 24 de marzo hasta la fecha es de 1.438, 24 más que el viernes. La estadística no especifica los datos de empleados contagiados o aislados.
De los usuarios de estas residencias, hay 824 sin síntomas y sin contacto con enfermos de coronavirus, 468 están sin síntomas pero en aislamiento preventivo por contacto con enfermos de Covid-19, 3 aislados con síntomas y 141 positivos confirmados, 6 menos confirmados que el viernes.
MADRID SIGUE ACUMULANDO EL MAYOR NUMERO DE DILIGENCIAS ABIERTAS A RESIDENCIAS
La Comunidad de Madrid sigue acumulando la mayor parte del total de diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía por la comisión de posibles delitos en residencias de ancianos a raíz de la pandemia por covid-19, 82 de un total de 176 según los últimos datos facilitados por el Ministerio Público, que incluyen también la remisión de algunos de estos asuntos a los tribunales para su instrucción, que son ya 6 en este territorio.
El total de procedimientos de esta índole que ya investigan jueces de toda España son 22, un número de casos abiertos que se mantiene en las últimas semanas. En cuanto a las diligencias de índole civil, la FGE informa de permanecen abiertas más de 170 en todo el territorio, número también similar al de la semana pasada.
En Madrid, la que mayor número de diligencias recoge es la Fiscalía de Madrid, que acumula ya más de medio centenar, a las que se suma el trabajo que viene realizando en el ámbito penal las Fiscalías del área de Getafe-Leganés, Móstoles-Fuenlabrada y Alcalá de Henares, llegando a un total de 82 casos por el momento, a los que hay que sumar los 6 judicializados.
Una de las jueces a la que ha recaído la aclaración de las circunstancias por la muerte de ancianos en una residencia es precisamente la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodíguez-Medel, que también investiga al delegado del Gobierno en Madrid por una presunta prevaricación al permitir la manifestación del 8-M en la capital.
En Cataluña se supera la treintena de procedimientos penales aún en Fiscalía, un total de 16 en la Fiscalía de Barcelona, la mayor parte interpuestas por familiares, aunque también aparece en la estadística dada a conocer este miércoles por la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia de la Agrupación afectados Covid-19, otra a consecuencia de la comunicación de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) y otra investigación abierta tras la comunicación del Registro Civil de Sant Boi de Llobregat por fallecimientos en cuatro residencias concretas.
A todas ellas se suman cinco investigaciones diferentes en la Fiscalía del Área de Granollers, una en el Área de Manresa-Igualada; cinco en el área de Sabadell, una en la de Terrasa, dos en Mataró, y una en la Fiscalía Provincial de Tarragona. Se cuentan dos procedimientos judiciales en curso, uno en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell y otro que lleva el Juzgado número 4 de Cerdandyola del Vallés por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisón del deber de socorro.
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