El Defensor del Pueblo sostiene que todas las personas internas en alguno de los siente Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) "deben ser puestas en libertad" debido a que las circunstancias actuales, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, "impiden" que se pueda materializar la devolución o expulsión de los migrantes internos a sus países de origen.
Así lo recuerda el Defensor del Pueblo en respuesta a la queja presentada hace dos días por Asociación de Abogados Extranjeristas, que denunciaba que, al decretarse el Estado de Alarma por la crisis del COVID-19 y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, los CIE carecen de sentido porque "no se puede garantizar de ninguna manera" la deportación de los internos.
Los CIE son unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional, tal y como recuerda la institución en su escrito dirigido al portavoz de la asociación, Francisco Solans.
Según sostiene el Defensor del Pueblo, las "excepcionales circunstancias" por la crisis del COVD-19 "han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE".
"Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos", apostilla.
Así pues, para asegurar que se dan esas condiciones para la puesta en libertad de los internos, "el Defensor del Pueblo se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones", según informa la institución.
Tal y como explicado, "ambos departamentos han comunicado las medidas de coordinación adoptadas, que ya se han puesto en marcha", para derivar las personas procedentes de pateras y los solicitantes de protección internacional al sistema de acogida humanitaria.
Por otro lado, según el Defensor del Pueblo, "se están realizando gestiones para facilitar el regreso a su residencia de las personas que cuentan con domicilio en España"; y para la derivación a los servicios sociales municipales de aquellas otras que no se encuentren en las situaciones anteriores.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ve "imprescindible" la colaboración de entidades como la Asociación de Abogados Extranjeristas "que conocen de primera mano la situación en la que se encuentran las personas internas en los CIE". Así, se pone a disposición para analizar todos aquellos casos en los que "se pueda producir alguna disfunción en el sistema.
A su juicio, los ciudadanos extranjeros en situación irregular que están privados de libertad en los CIE se encuentran "en una situación particularmente vulnerable" en el escenario de la crisis sanitaria actual.
En rueda de prensa el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró ayer que toda persona interna en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) será puesta en libertad si durante la crisis del nuevo coronavirus COVID-19 y el obligatorio confinamiento que conlleva, supera el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días.
Así lo aseguró después de que el martes tuviese lugar un motin por parte de una veintena de internos en el CIE de Aluche (Madrid)--uno de los siete que operan en Madrid)-- que se subieron al tejado del centro para protestar sobre la situación sanitaria allí y para pedir su puesta en libertad.
Asimismo, ante la crisis del coronavirus, varias entidades y colectivos sociales habitualmente críticos con la existencia de estos centros, han reclamado a Interior la liberación de los internos. Así lo hizo la Campaña 'CIEs No', compuesta por colectivos sociales y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como la red del Servicio Jesuita a Migrantes.
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