La Residencia para Mayores Juan XXIII, de titularidad pública, ha comunicado a varios usuarios que se les va a prorratear entre 4.000 y 5.000 euros en los próximos 24 meses por cuotas no cobradas el año pasado debido a "problemas burocráticos".
Esto significa que al importe mensual que tienen que abonar --de unos 572 euros-- se sumarían casi 200 más (según el caso), elevándose el pago a más de 750 euros al mes para los mayores afectados.
En total, han estado ocho meses --de mayo a diciembre de 2019-- sin que les pasasen la mensualidad, por eso desde el PP se han quejado de que ahora tengan que ser los usuarios quienes paguen la "desidia de la gestión del Gobierno".
Para la portavoz popular, Mirina Cortés, resulta "intolerable" que el problema lo genere la Administración porque "decidió o se olvidó de girar las cuotas" a los residentes y que ahora les pretendan hacer pagar su error.
"La exigencia de abonar esas cantidades de manera fraccionada en 24 mensualidades supone la incautación de la pensión mensual de los ancianos afectados", ha señalado, recalcando que esto les originará otros problemas como "que no podrán comunicarse con los familiares al no poder pagar ni siquiera el teléfono, el abono transporte o tomar un café con amigos".
Por eso, Cortes insiste en que no lo van a permitir y ha exigido al Gobierno local que "asuma las consecuencias por su olvido". En caso de no hacerlo, advierte, denunciarán ante el Defensor del Pueblo.
Desde el Ayuntamiento han confirmado a Europa Press que se ha tratado de un "error administrativo" y que se está trabajando para solventarlo "con el menor perjuicio" para los mayores y que "en ningún caso" se les va a cobrar "toda esa deuda pendiente".
De momento, insisten, se ha regulado el cobro desde enero, pasando la cuota correspondiente del mes, mientras se valora "cómo actuar" con lo que queda pendiente.
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