Sareb pide al juez aplazar el desahucio de 18 familias en Carabanchel

La Sareb ha solicitado al juzgado el aplazamiento del desalojo decretado de 18 familias de una promoción de viviendas (repartidas en tres edificios) en el barrio de Comillas, en el distrito madrileño de Carabanchel, tras solicitar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital "tiempo" para poder estudiar la situación.

A su vez, los inquilinos insisten en negociar con la Sareb para lograr que se "respeten" los contratos de alquiler que firmaron en su día y que se renegocien en el caso de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad social.

Desde la entidad han explicado a Europa Press que este procedimiento judicial fue iniciado por Bankia hace casi ocho años (en mayo de 2012) y que la Sareb recibió este proceso ya iniciado y le dio continuidad con el objetivo de recuperar parte de la deuda del promotor, de la que es titular y cuya garantía son los tres edificios en cuestión.

En julio de 2017, Sareb solicitó la posesión del inmueble al juzgado (que es la última parte del proceso judicial para ser propietario de un inmueble y debe ser otorgado por el juez) y en enero de 2018 el juzgado acuerda que se procede a dicha toma de posesión en fecha 6 de abril de 2018.

Ese día se desplazó la comisión judicial y notifica a todos los moradores el hecho de la adjudicación a Sareb del inmueble y que los ocupantes tienen que dejar los inmuebles o presentar títulos que justifiquen su derecho a ocupar las viviendas.

Algunos inquilinos, rememoran, presentaron la documentación pero el juez determinó que dichos contratos "no eran válidos y que debía procederse al desalojo de las viviendas".

Desde la entidad detallan que existen "muchos casos" en los que Sareb se subroga en los contratos de alquiler legales y cuando el juez así lo autoriza. A continuación, determinó la fecha inicial del desalojo para el pasado 18 de diciembre y dio seis días a los ocupantes para abandonar las viviendas.

Sareb solicitó entonces que se paralizaran esos desalojos y se suspendió y aplazó hasta el 6 de febrero, con el objetivo de dar tiempo para que pudieran buscar una solución habitacional. Además, ahonda en que "ha trabajado desde el principio" junto con servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.

De las 18 familias que habitan en la promoción, Servicios Sociales del Ayuntamiento identifico nueve posibles casos de vulnerabilidad. La Sareb indica que de ellas, han acudido a las citas y han aportado documentación seis, de las cuelas tres no cumplen con los parámetros establecidos de vulnerabilidad (familias con menores e ingresos de más de 1.000 euros), tres son vulnerables con matices, dos tienen apoyo de red familiar y existe un caso de vulnerabilidad que desde finales de enero tiene plaza en una residencia.

Aparte, subrayan que desde noviembre de 2018 un mediador de Haya (empresa que trabaja para Sareb) acudió a la vivienda para hablar con los inquilinos. La entidad subraya que solo dos personas abrieron y nadie presentó la documentación.

También expone que en enero de 2019, el abogado de Sareb, dada la "no colaboración" de los ocupantes, se puso tres carteles en los tres portales con los datos de contacto para ofrecer alternativas en los casos en los que estuvieran interesados y fuera posible

La intención de Sareb es "vender" el edificio dado que su "obligación" es gestionar y vender todos los activos, si bien no ha habido "ninguna oferta, ni de compra ni de alquiler", para apuntar que "no ha cobrado nada" y que los contratos del alquiler los hizo el anterior propietario.

Por su parte, un portavoz del grupo de inquilinos ha señalado que el desahucio está paralizado aunque no han recibido comunicación directa, por lo que esperan negociar con la Sareb que es su "objetivo primordial".

Respecto al papel del Ayuntamiento y la Comunidad, esta portavoz ha apuntado que los inquilinos prefieren negociar directamente con la Sareb porque la presencia de más interlocutores acabaría en un "círculo vicioso".

QUEDAN 18 VECINOS

También afirma que de los 27 inquilinos que había en diciembre ahora quedan 18, dado que parte se han ido por la "presión". Insiste en que hay situaciones de vulnerabilidad o jóvenes con trabajo que no pueden hacerse con un alquiler ante la situación actual del mercado.

Los inquilinos pidieron al juez que respetara los contratos de alquiler y detalla que ahora no pagan porque no saben a dónde enviar el dinero ante la situación generada.