ICAM pide al juez suspender la externalización de Carmena del Servicio de Orientación Jurídica

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al juez la suspensión cautelar del proceso de licitación iniciado por el Ayuntamiento de Madrid para externalizar el Servicio de Orientación Jurídica, si bien espera que el actual Ayuntamiento de Madrid revoque la decisión tomada por el anterior equipo municipal, ha informado el ICAM en un comunicado.

De este modo, la Junta de Gobierno interpuso el pasado junio un recurso contencioso-Administrativo contra el inicio de los trámites para externalizar este servicio, una medida impulsada desde el anterior Equipo de Gobierno.

Fuentes del colegio han señalado a Europa Press que la Junta espera que el actual gobierno municipal "revoque el proceso privatizador, sin necesidad, por tanto, de que los Tribunales tengan que pronunciarse al respecto".

Este servicio tiene por objeto facilitar asesoramiento jurídico generalista a personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, y ayudarles a tramitar sus solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Tras el inicio de los trámites de externalización, Más Madrid insistió en que e el Servicio de Orientación Jurídico "seguirá siendo público y gratuito", recalcando que solo cambiará el prestador del servicio.

Ante ello, el ICAM ha recordado que el SOJ es "un servicio público cuya gestión y prestación viene encomendada de forma exclusiva y excluyente a los Colegios de Abogados, por la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad de garantizar la independencia, permanencia, solvencia y calidad de este servicio público, manteniéndolo alejado de intereses privados".

Además, ha señalado que "algunas corporaciones municipales han ofrecido su colaboración a los Colegios de Abogados, proporcionando espacios físicos y financiación con la finalidad de acercar el servicio al ciudadano".

Entre ellas, según el colegio, estaba el Ayuntamiento de Madrid mediante convenio firmado con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que desde 1989, y salvo algún breve período, ha venido prestando este servicio de forma ejemplar.

"Los Ayuntamientos pueden colaborar en la prestación de este servicio, pero no sustituir a los Colegios de Abogados ni apropiarse de funciones y competencias que corresponden exclusivamente a éstos", ha recalcado en el comunicado.

PROCESO DE LICITACIÓN

Según expone, "el concurso público convocado por el anterior equipo de gobierno municipal pretende sustituir como gestor y prestador de este servicio público esencial a una Corporación de Derecho Público, con más de cuatro siglos de existencia".

Así, ha reseñado que de la adjudicación han resultado finalistas en el concurso dos entidades privadas, una de las cuales se encargará, en lo sucesivo, "de la prestación del servicio si nadie lo remedia".

Al estimar que se vulnera la legislación vigente, el Colegio de Abogados de Madrid ha interpuesto ya recurso contencioso administrativo contra esta decisión del anterior equipo consistorial, solicitando la medida cautelar de suspensión del proceso de licitación.