Sánchez tiene la obligación de gobernar tras ganar las elecciones. Casado y Rivera tienen la obligación de ejercer la oposición tras perder esas mismas elecciones y sumar entre los dos los mismos escaños que su oponente. El retrato matemático de España se lo exige.
Ni el uno, ni los otros deben practicar el obstruccionismo. Impedir que cumplan con su papel. Los datos de las últimas elecciones son muy claros, ya se miren de forma global, de forma partidista y hasta de forma sociológica. Las sumas ciudadanas dan siempre lo mismo: la izquierda ha ganado, la derecha debe ejercer la oposición.
Si al presidente en funciones y candidato socialista le dicen los únicos dos con los que podría conseguir una mayoría absoluta que no le van a “dejar” ni un sólo voto, ni que se van a abstenerse en el Congreso, la única alternativa que le queda es conseguir los apoyos necesarios en otros grupos, desde Podemos a Coalición Canaria pasando por ERC y Bildu, que tienen tanta legitimidad democrática como los tres anteriores.
Es una verdad de perogrullo pero se cuestiona y al hacerlo se pone en la picota todo el sistema democrático, que se basa en la representatividad conseguida a través de las urnas. Si todos los españoles somos iguales ante la ley, también lo somos para que nuestros votos tengan esa misma condición de iguales en valor.
Desde esa obligación de gobernar que le han dado los españoles, el líder del PSOE puede y debe negociar y pactar con los partidos que estén dispuestos a darle su apoyo. Y estos tienen, a su vez, la obligación de no impedirlo imponiendo condiciones imposibles de cumplir, entre las que no están su participación en las tareas de gobierno. El nivel de gestión y de cargos exigidos y negociados es otro tema.
Con el actual sistema de participación y elección en la mano y roto desde 2015 el bipartidismo imperfecto - por la existencia de los partidos nacionalistas - que buscaba la Ley Electoral, esos mismos argumentos se pueden y deben trasladar al resto del entramado institucional, desde las Autonomías a los Ayuntamientos.
Dado que en realidad no votamos a personas y sí lo hacemos a las listas de los partidos y organizaciones políticas, no cuenta tanto la victoria, el primer puesto salidos de las urnas como el conjunto de parlamentarios o concejales conseguidos. Es la suma de esos representantes los que, con toda razón, pueden considerarse depositarios de la voluntad popular.
Desde esa realidad política y constitucional, corregida en el reparto territorial por la aplicación de la Ley D´Hont, tanto valor tienen los votos que consigan el PSOE y el PP como los que consigan C´s, Podemos, Vox, ERC, PNV o Bildu. Si se acepta su participación en la contienda electoral no hay motivos, ni razones democráticas para impedir su participación en todo el resto del recorrido que lleva a la formación de los distintos gobiernos.
Se puede estar de acuerdo y en desacuerdo con lo que plantea en su oferta electoral y en sus programas cada una de las formaciones. Para eso se inventó la democracia. Una vez trasladados los deseos a los votos hay que exigir a aquellos a los que se les han dado que cumplan con su papel, o lo que es lo mismo, que no se amparen u oculten detrás de vetos para intentar devolver a los ciudadanos una responsabilidad que es únicamente suya.
Repetir unas elecciones cuando no hay razones matemáticas para ello, cuando son realizables acuerdos entre distintos partidos para sumar las mayorías necesarias, es como suspender en los exámenes. La culpa no será imputable a las preguntas o a los profesores, ni al sistema, será de la responsabilidad de los que se presentan a las pruebas, llamadas en política, urnas.
Las mismas razones que deben valer y justificar los acuerdos a nivel estatal de cara al gobierno de la Nación, deben valer y justificar los acuerdos a nivel autonómico y municipal. Tanta razón tiene Pablo Iglesias para defender su participación ante Pedro Sánchez; como la tiene Santiago Abascal para defender la suya ante Pablo Casado y Albert Rivera.
Dividamos España en tres grandes grupos. Por un lado la izquierda con PSOE y Podemos: 165 escaños y 11.213.684 votos. Por el otro la derecha con PP, C´s y Vox: 147 escaños y 11.169.796 votos. Dieciocho escaños y 43. 888 votos de diferencia entre los dos bloques.
Todos los grupos de carácter nacionalista suman 38 escaños y 2.635.728 votos, de los cuales se pueden considerar de izquierdas (ERC, Bildu y Compromís) 1.446.946, y de derechas (PNV, JxCat, PRC, CC-PNC y Na+) 1.188.782. Bloque de 20 escaños para esas izquierdas, y bloque de 18 escaños para esas derechas. Con una diferencia de 25.8164 votos a favor de los primeros.
Ese es el auténtico retrato matemático de la España que votó el 28 de abril, que podría ser corregido con los votos sin escaños que lograron otras candidaturas, sobre todo tres de ellas que estuvieron por encima de los 52.197 votos que consiguió en Cantabria el PRC, como fueron el PACMA con sus 326.045 votos en toda España, el Front República con 113.008, y el BNG en Galicia con 93.810.
La España de izquierdas con representación en el Congreso habría conseguido 12.660.630 votos y 185 escaños. Y la España de derechas 12.258.568 votos y 165 escaños. Cuatrocientos mil españoles más apostaron por formaciones consideradas de izquierda, de ahí la diferencia de 20 asientos en el Congreso.
¿ Tiene Pedro Sánchez la obligación política y social de gobernar?: la tiene.
¿Tienen Pablo Casado y Albert Rivera la obligación política y social de ejercer la oposición?: la tienen.
Si juegan sucio, ponen zancadillas numéricas y llevan al país a otras elecciones dentro de unos meses deberían pagar las consecuencias. Una mayor y segura abstención sería la menor de ellas.
