La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que la conversación grabada en Londres por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo entre éste, Corinna zu Sayn Wittgestein y el empresario Juan villalonga, apunta indicios "extremadamente débiles" y resulta "insuficiente" como para admitir a trámite la querella contra ellos y otras personas promovida por Izquierda Unida, el Partido Comunista y la Federación de Abogados y Abogadas de Izquierda, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
Estas organizaciones impulsaron una querella el pasado mes de febrero contra un total de ocho personas entre las que también figura el director del CNI, Felix Sanz Roldán, por la difusión de aquella conversación en la que los interlocutores afirmaban que el rey emérito, Juan Carlos I, tenía cuentas en Suiza, terrenos en Marruecos mediante testaferros y recibió comisiones por el AVE a La Meca.
La Fiscalía ha informado la querella y ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que archive "sin más trámites" la iniciativa que, en todo caso, sólo podría versar sobre el rey rmérito ya que de entre todos los querellados, es el único que tiene aforamiento.
Sobre el asunto de las cuentas en Suiza, la Fiscalía considera que con los datos vertidos en aquel audio de Villarejo "no es posible pretender iniciar una investigación en sede penal", pues no basta "la mera apariencia delictiva de unos hechos como los que se imputan, sin que se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad y verosimilitud".
Esos hechos imputados al padre del rey Felipe lo son, de acuerdo al fiscal, "por mera referencia a una conversación sostenida por terceras personas y en términos extraordinariamente vagos e imprecisos" que por ello, "no permiten una investigación que en todo caso sería meramente prospectiva y por ello inadmisible".
En la misma línea se expresa sobre la supuesta propiedad que según Corinna, don Juan Carlos habría puesto a su nombre en Marruecos. "Tampoco este dato posibilita la apertura de un procedimiento penal, primero, porque no existe ningún elemento que permita colegir que tal propiedad proceda de una actividad ilícita, sino todo lo contrario, y segundo, porque los datos son nuevamente vagos e imprecisos", dice la Fiscalía.
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