Acusado del `caso espías´: "Se ordenaron los seguimientos por interés de González"

José Oreja Sánchez, uno de los guardias civiles acusados del espionaje político en Madrid, ha declarado hoy en el juicio que en febrero de 2008 recibió órdenes "ilegales" del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón Serrano y de su 'número dos', Miguel Castaño, de hacer "seguimientos" a determinados políticos del PP de Madrid por "especial interés" de Ignacio González, entonces 'mano derecha' de Esperanza Aguirre.

La existencia de la reunión ha sido refrendada por otro de los acusados que han comparecido ante el tribunal: el guardia civil José Antonio Coronado. El encuentro reunió a ocho personas: Gamón, Castaño y seis asesores de Seguridad (dos policías nacionales y cuatro miembros del Instituto Armado).

En la sesión, la presidenta de la Sección Quinta, Mª Paz Redondo, ha planteado sin que se haya acordado la disolución del Tribunal del Jurado ante el ingreso hospitalario de Manuel Cobo, cuya testifical estaba prevista para el viernes. El exvicealcalde de Madrid denunció los hechos junto a Alfredo Prada, pero ambos no forman ya parte del proceso porque no ejercen acusación.

El primero en ofrecer su versión ha sido Oreja, quien a preguntas del letrado de la Comunidad de Madrid ha denunciado el "acoso laboral" que sufrió con sus compañeros después de denunciar las órdenes ante Francisco Granados. Según Coronado, Granados les dijo: "No hagáis caso al loco éste. Yo le voy a quitar como a una mosca".

Estos acusados se sientan en el banquillo por un delito de malversación de fondos públicos junto a Gamón; Miguel Castaño Miguel; el entonces funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto; y el también miembro de la Beremérita Luis Caro Vinagre. Solo ejercen acusación el PSOE y el Gobierno regional.

Además de Oreja, los magistrados han escuchado el relato de Coronado y Pinto. Coronado también han hablado de la reunión que se celebró en febrero de 2008 en el despacho de Gamón en la que les ordenaron seguir a diversos políticos madrileños meses antes del Congreso Nacional de los 'populares' que se celebró en Valencia.

Los acusados han señalado que los partes manuscritos de las vigilancias -que se atribuyen a Pinto-- eran más bien"notas de trabajo" donde se dejaba constancia de la llegada y salida de los sitios donde les mandaban acudir para hacer su trabajo. Otra de las pruebas de cargo que habría contra los encausados son los informes sobre los posicionamientos telefónicos.

"UN MONTAJE DE LAS CLOACAS POLICIALES"

Durante su interrogatorio, Oreja ha sido contundente en afirmar que este "montaje" está relacionado con las cloacas policiales y con las agencias de detectives que se contrataron. Los detectives son los responsables de los seguimientos", ha aseverado, una línea que han defendido igualmente los otros comparecientes.

El procesado ha narrado que denunciaron los hechos ante Granados, quien les manifestó que todo era "un montaje" y que no les hicieran caso. Les ordenaron seguir a Alfredo Prada, Manuel Cobo y Cristina Cifuentes, adversarios, según el PSOE, de Aguirre.

"Yo recibí las órdenes. No las cumplo y las denuncié", ha dicho. En concreto, las órdenes se dieron en febrero de 2008 en el despacho de Gamón en presencia de su 'mano derecha' y en presencia de sus otros cinco compañeros, tres asesores policías y dos guardias civiles.

"Granados me dijo que todo esto era un montaje del director de Seguridad. Esto se ha utilizado para ocultar otras cosas", ha recalcado, considerando que el exconsejero debía haber abierto una investigación interna. Las vigilancias se habrían realizados entre marzo y mayo de 2008, meses previos al Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia tras perder las elecciones.

"Se nos dio una orden irregular. Se desobecede y no se cumplen. Estos señores empiezan a acosarnos. Me arrepiente de no haberles denunciado. Empezó una tensión terrible. En mitad de nuestras labores, recibíamos órdenes sin sentido", ha afirmado. "Solo recibimos la orden una vez", ha dicho.

"Nos mandaban como pollos sin cabeza a sitios públicos donde no había ningún problema. Nos llevó a sospechar que había algún tipo de maldad. Hoy lo sé, era para hacer coincidir posicionamiento de mi teléfono a los sitios donde ellos querían", ha aseverado insistiendo en que nunca recibió contraprestación económica y que tras desobecer fueron sometidos a un fuerte acoso laboral.

A preguntas sobre si tenía dinero público a su disposición, ha dicho que en "ningún momento", ya que solo tenían un teléfono corporativo. Además, ha explicado que en las notas que él elaborado ponía su firma y la hora de llegada y salida de los sitios donde iban.

Además, ha hecho hincapié en que no se hacían contravigilancias, sino que él se dedicaba a sus tareas. También ha comentado que sus superiores les pusieron un "controlador" para controlar sus movimientos.

LLEGADA DE BARÓN A LA COMUNIDAD

"El señor Granados hablaba poquito conmigo. No sé si de manera interna hizo algo", ha recalcado, subrayando que nunca ha utilizado medios de la Comunidad de Madrid para su beneficio. "Sufrimos hostigamiento y acoso laboral. Hasta que no le cesan a Gamón tras el robo de unos ordenadores, no para la presión", ha dicho.

Tras cesar a Gamón, se crea una Dirección de Área de Seguridad y la prensa se hizo "eco", ya que era "virtual y cobra 95.000 euros al año". Su mujer "sitúa a su marido en investigaciones ilegales desde 2005. "Y eso lo dice su exmujer. Y eso motiva su expulsión radical de la Comunidad de Madrid", ha dicho. Luego se ficha al excomisario general de Información Enrique Barón, quien se pone en contacto con el acusado hasta que le imputan.

"Yo sospechaba que si se trae a un asesor nivel 30 y luego sale un montaje periodístico, yo sospecho que estos señores tenían algo que ver. El consejero me dijo que era autor de un montaje", ha aseverado recibiendo una reprimenda de la presidenta de la Sala. "Nos citaron en una reunión en la EDEF y Barrado -excomisario Jaime-- dijo la frase lapidaria: Esto es cosa del fiscal y los políticos, ha relatado.

LOS PARTES, "UNA CHAPUZA"

Tras Oreja, ha comparecido el guardia civil José Antonio Coronado, quien de igual modo ha afirmado que Gamón le ordenó hacer seguimientos que no cumplió. "Lo denunciamos a Granados y nos dijeron que era algo político. Nos metieron en un lío", ha recalcado, quien estuvo destinado en el País Vasco para la lucha antiterrorista y en la Casa Real.

Así, ha especificado que cumplía órdenes de ir a los sitios que le mandaba, recalcando que nunca hizo ningún seguimiento a un político determinado del Partido Popular. "Los partes son una chapuza. Es un montaje para querer aparentar algo. Un profesional no hace una chapuza así", ha subrayado.

"A primeros de febrero, el director general reunió a los seis asesores y nos dice que el plan de seguridad que hacíamos de otro consejero lo dejáramos, porque había que hacer unos seguimiento con especial interés del vicepresidente primero", ha relatado, añadiendo a continuación: "Granados nos dijo: no le hagáis caso al loco éste. Me lo voy a quitar como a una mosca".

"Aquí se han contratado detectives para espiar a políticos con la dejadez de algún policía e intentos de sobornos a algún juez y con actuaciones del fiscal que no me parecen adecuadas", ha aseverado.

REPROCHES A LA COMUNIDAD

El último en comparecer ha sido el funcionario José Manuel Pinto, quien era técnico de seguridad que dependía de la Consejería de Presidencia y quien está bajo tratamiento psiquiátrico por estos hechos. "Nunca he cometido ninguna ilegalidad. No tengo ni una multa", ha dicho.

A preguntas del letrado que representa al Gobierno regional, ha señalado que Granados le llamó a su despacho y delante de otras personas, le indicó que Castaño fue el autor de los partes de seguimientos.