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Víctimas de trata: Un centro de emergencias y acceso prioritario a viviendas de la EMVS

Víctimas de trata: Un centro de emergencias y acceso prioritario a viviendas de la EMVS

jueves 19 de julio de 2018, 14:02h
La Junta de Gobierno ha aprobado el plan contra la trata de mujeres y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, que incluye 33 medias con vigenica para 3 años

La delegada de Políticas de Género y Diversidad en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha presentado este jueves el plan contra la trata de mujeres y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, que ha aprobado la Junta de Gobierno y que recoge la creación de un centro de emergencia abierto las 24 horas, el acceso prioritario a las viviendas públicas de la EMVS, itinerarios formativos específicos para la inserción laboral en sectores que no estén ni feminizados ni precarizados, campañas de sensibilización o acompañamiento en los procesos judiciales.

Son 33 medidas las que recoge este plan, con vigencia para tres años. "Esto no es una ordenanza, es un plan y es más ambicioso, va más allá" y, por eso, "no prevé sanciones", ha explicado Mayer en rueda de prensa. Ahora se analizarán las distintas investigaciones sobre las consecuencias de esas ordenanzas puestas en marcha en otros municipios para ver cómo afectan a la vida de las mujeres.

Investigación de la trata, prevención y concienciación, detección de casos y atención integral y reparación son los ejes sobre los que descansa el plan, que incluye la creación de plazas de alojamiento semiautónomo para las mujeres que terminan su proceso en el centro protegido municipal, para el que se está buscando ubicación.

El presupuesto total destinado al plan operativo durante su vigencia es de 2.242.340 euros, a los que hay que añadir la partida económica de los recursos de la red de atención municipal, unos 3.573.794,18 euros. Es el resultado de un proceso de intercambio y aportaciones de todas las entidades especializadas en atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras entidades sociales, los grupos políticos del Consistorio y las propias mujeres.

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