Libertad con cargos para el alcalde de Arroyomolinos, detenido en `Enredadera´

El alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, ha quedado este miércoles en libertad con cargos, tras ser detenido e interrogado ayer por la Policía Nacional en el marco de la operación anticorrupción 'Enredadera', han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Esta mañana el regidor se encontraba trabajando en su defensa y deberá tomar alguna decisión después de haber sido suspendido de militancia por parte de su partido, Ciudadanos, aunque descartan que comparezca en rueda de prensa.

Las misma fuentes han aclarado que el teniente de alcalde del municipio, Juan José González Arroyo, también de Ciudadanos, no ha resultado detenido en la operación policial, como así ha aparecido en algunos medios.

El alcalde de Arroyomolinos tendrá que declarar ante el Juzgado número 2 de Badalona, que lleva el caso, acusado de varios delitos, pendientes de concretar por el juez. Los hechos investigados en la 'operación Enredadera' están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

PSOE VALORA LA SITUACIÓN Y PP PIDE "EXPLICACIONES INMEDIATAS"

Ciudadanos fue el segundo partido más votado en Arroyomolinos en las elecciones de 2015, después del PP. No obstante, y pese a las indicaciones de la dirección nacional del partido naranja, Ruipérez llegó al poder tras un pacto con el PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), que actualmente ocupan cargos en el Gobierno.

El Partido Socialista de Madrid y el Grupo Municipal Socialista han pedido explicaciones al alcalde y están valorando qué medidas políticas tomar, pero fuentes del partido han subrayado a Europa Press que "hay reuniones al respecto porque es un tema importante". El PIArr no se ha pronunciando de momento.

Por su parte, la portavoz del Grupo municipal del PP en Arroyomolinos, Ana Millán, que lleva la oposición en el municipio, ha exigido a Ciudadanos "que explique de forma inmediata las razones que han llevado a la detención del alcalde del municipio".

Ante la pregunta de si pedirán responsabilidades, Millán ha aclarado a Europa Press que en estos momentos están valorando todas las opciones para decidir cuál será el siguiente paso a dar, pero que siempre lo harán "desde la responsabilidad" y teniendo como premisa el "interés general" de los vecinos.

"Nuestras opciones no pasan por aprovechar esta situación, sino por esperar siempre con la presunción de inocencia, conocer toda la información y una vez analizado todo obrar en consecuencia", ha destacado.

En un comunicado, Millán ha expresado el "respeto absoluto" a la actuación de la Justicia, a la presunción de inocencia y al trabajo de los funcionarios públicos. Sin embargo, a juicio de la portavoz municipal popular, "los vecinos de Arroyomolinos no merecen" que el municipio "sea noticia por un caso de corrupción".

"Ciudadanos debe aplicarse a sí mismo las lecciones de regeneración y transparencia que tanto han usado contra los demás. Deben hacerlo con hechos y no con palabras", ha sentenciado.

Además, Millán ha considerado que la gestión de Ciudadanos al frente del Ayuntamiento de Arroyomolinos ha sido "nefasta". En este sentido, ha explicado que durante estos tres años de gobierno, "han paralizado las inversiones en infraestructuras y sin embargo han disparado un 41,5 por ciento el gasto en personal, han incrementado exageradamente el personal, han cometido graves defectos e irregularidades con el presupuesto municipal y han incrementado este año un 17,65 por ciento el gasto público, cuando el límite legal estaba en el 2,4 por ciento".

Además, Millán también ha explicado que la previsión del incremento de salarios de la Empresa Pública EMUGESA para este año oscila entre el 10 y el 40 por ciento, siendo superior al 80 por ciento en algunos casos, incumpliendo gravemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el límite de incremento salarial establecido en el 1 por ciento.