También los cargos públicos de la región deben comunicarlo, además se creará un registro público de grupos de interés en el que, de forma voluntaria, se podrán inscribir las personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de la Comunidad
Diputados y cargos públicos deberán comunicar si se reúnen con miembros de 'lobbies', que se regularán en un registro de grupos de interés de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a regular los 'lobbies' con la creación de un registro público de grupos de interés en el que, de forma voluntaria, se podrán inscribir las personas y organizaciones con capacidad para influir en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la creación del registro, que estará adscrito orgánicamente a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, está incluida en el proyecto de Ley de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia de la Comunidad de Madrid que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.
Según ha explicado Cifuentes, este proyecto "supone un paso más en la transparencia del Gobierno regional, la mejora de la gestión y el establecimiento de cauces de participación y control abiertos a todos los ciudadanos de la Comunidad".
Lo que busca es una administración con "paredes y techos de cristal, transparente y abierta", de manera que "cualquier ciudadano pueda participar en los asuntos públicos de manera directa".
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
El proyecto de Ley contempla también la creación de una Comisión interdepartamental para la Transparencia en la Comunidad de Madrid, que actuará como órgano central en materia de transparencia.
Estará presidida por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, y vicepresidida por la directora general de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, Mª Belén Fernández-Salinero.
Sus integrantes serán los secretarios generales técnicos de las distintas consejerías, el gerente de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad, el director general competente en materia de archivos, el competente en materia de presupuestos y recursos humanos y el competente en materia de contratación y patrimonio.
REUNIONES PÚBLICAS SI SON CON 'LOBBIES'
Según ha explicado Garrido, el registro público debe dar publicidad en el portal de transparencia de la Comunidad de las reuniones con grupos de interés, y especialmente, de las reuniones y audiencias con autoridades, cargos públicos, miembros electos o diputados.
Por ello, afecta también a los parlamentarios, aunque "no habría ningún problema" para crear un registro semejante dependiente de la Asamblea. Eso sí, habría que hacerlo con arreglo al reglamento de la Cámara de Vallecas.
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
La comisión será la encargada de instar la incoación de los procedimientos sancionadores o disciplinarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley. Asimismo, será la responsable de exigir el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a todas las entidades obligadas.
La ley obliga a todos los organismos del Gobierno y la Administración de la Comunidad y a todos los entes del sector público autonómico, incluyendo fundaciones, consorcios y universidades públicas de la región. En lo referente a publicidad activa de información, también afecta a entidades locales y a los entes de la administración institucional que dependen de ellas.
En el desarrollo de determinadas actividades, la norma también será aplicable a la Asamblea de Madrid, a la Cámara de Cuentas, a la Comisión Jurídica Asesora, al Tribunal Administrativo de Contratación Pública y Transparencia y a las corporaciones de Derecho Público.
Asimismo, obliga a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y a las entidades privadas que perciban subvenciones de la Comunidad de más de 50.000 euros en un año o cuando el 30 por ciento o más de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública y superen los 5.000 euros.
PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
El proyecto de ley también recoge los contenidos que la Administración está obligada a hacer públicos a través del Portal de Transparencia de la Comunidad y que incluye información relativa a organización administrativa, altos cargos, funcionamiento del Consejo de Gobierno, normativa jurídica, contratos, convenios, subvenciones, Presupuestos Generales y ejecución presupuestaria, patrimonio de la Comunidad o información estadística, entre otros.
La norma regula el procedimiento para el acceso de los ciudadanos a la información pública. La denegación de la información o su no contestación podrá recurrirse directamente ante los tribunales de lo contencioso administrativo.
Previamente, también podrán interponer una reclamación administrativa ante el Tribunal Administrativo con competencia en materia de contratación y transparencia de la Comunidad.
La nueva ley, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2017, también establece los mecanismos de participación ciudadana en las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno regional, para lo que crea tres instrumentos concretos: las aportaciones ciudadanas, las consultas públicas y los procesos de deliberación participativa. Estas herramientas se desarrollarán por vía reglamentaria.
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