Un director y una médica de una residencia de Las Rozas han sido arrestados por drogar a los usuarios para vaciar sus cuentas corrientes. Por otra parte, familiares que sacaron a los ancianos de las residencias por la crisis del coronavirus denuncian presiones para su reingreso en los centros o pierden la plaza. Además, La Fiscalía mantiene abiertas un centenar de investigaciones penales en Madrid
La Guardia Civil ha detenido al director de una residencia de mayores de Las Rozas por un delito de estafa e investiga a una doctora por un delito de lesiones y otro de estafa por drogar a ancianos para extraer dinero de sus cuentas, ha informado la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.
El arrestado, ganándose la confianza y el cariño de los residentes se aprovechaba del estado de salud física y mental de varios de los usuarios de la residencia para hacerse con el dinero de sus cuentas corrientes.
La investigación se originó a raíz de la denuncia de un familiar de un residente que puso en conocimiento de la Guardia Civil sus sospechas de que personal de la residencia estaba sacando dinero de manera fraudulenta de la cuenta corriente de su familiar, el cual se encontraba internado en el hospital.
Los agentes constataron que el director de la residencia, de 49 años de edad, se aprovechó del estado de vulnerabilidad del residente, logrando hacerse con diversas cantidades monetarias que extraía de su cuenta corriente. Esta persona contaba con la ayuda de una doctora, la cual suministraba dosis excesivamente elevadas de insulina, y que incluso llevó a un anciano a estar ingresado por hipoglucemia.
Según el parte médico, suministrada en cantidades excesivas provoca un estado de somnoliencia. Además, al ahondar en la gestión de la residencia, hasta el momento la Guardia Civil ha logrado detectar otros 5 casos fraudulentos, donde incluso una vez fallecidos los residentes, el detenido seguía haciendo cargos con una tarjeta de crédito a nombre del titular.
Los guardias civiles consiguieron cancelar un traspaso de 122.000 euros entre cuentas, proveniente de un fondo de pensiones de una residente, del cual pretendía apoderarse.
Del estudio realizado, se estima que este individuo podría haber estafado cerca de 270.000 euros a los residentes afectados, tres de los cuales ya han fallecido.
La situación de vulnerabilidad de los ancianos, algunos con 90 años y otros con grados de discapacidad y dependencia severa, motivaban que confiaran en la persona del director de la residencia al que habilitaban para gestionar sus cuentas.
Gracias a la colaboración con el Juzgado de lo social y el Juzgado que instruye la causa, los investigadores han bloqueado un depósito de 80.000 euros que el ya detenido tenía previsto cobrar por despido improcedente y quedar depositado para hacer frente a las indemnizaciones.
FISCALIA MANTIENE ABIERTAS UN CENTENAR DE INVESTIGACIONES PENALES EN LA COMUNIDAD
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene vivas más de 200 diligencias penales por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y con discapacidad en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus, de las cuales unas 110 se encuentran en la Comunidad de Madrid, donde siguen abiertos seis procedimientos judiciales.
Según los datos actualizados de Fiscalía a fecha 20 de julio de 2020, las diligencias civiles esta semana suman un total de 178 expedientes en toda España. Además, de ellos se desprende que en los diferentes ámbitos territoriales continúan teniendo abiertos hasta 29 diligencias judiciales.
En relación las diligencias penales, la FGE señala que se han archivado un total de dos expedientes, concretamente en las Fiscalías de Navarra y Andalucía. Asimismo, se han incoado tres nuevas diligencias de investigación penal en Madrid (2) y en Baleares (1).
Por lo demás, a Madrid, que cuenta con unos 110 expedientes abiertos, le siguen en número de diligencias de investigación abiertas Cataluña con 27, Castilla-La Mancha con 23, Castilla y León con 18 y Galicia con 11. Tras ellos se sitúa Extremadura que cuenta con 6 expedientes penales abiertos.
FAMILIARES QUE SACARON A LOS MAYORES POR LA CRISIS DEL COVID DENUNCIAN PRESIONES PARA QUE REGRESEN A LOS CENTROS
Familiares que sacaron a sus mayores de las residencias de ancianos en estos últimos meses por la crisis del coronavirus han denunciado que están recibiendo llamadas presionando para su reingreso en los centros o pierden la plaza.
Según ha indicado a Europa Press una portavoz de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (ADEFAM), familiares que decidieron "salvar a sus padres, madres o abuelos" de los geriátricos por miedo a que allí murieran han estado recibiendo llamadas "realmente preocupantes y angustiosas" de las residencias para que reingresen los usuarios. Desde el 9 de marzo hasta el 26 de junio 8.234 residentes murieron, de ellos 5.950 por coronavirus.
La normativa de la Comunidad de Madrid señala tienen que llevar a su familiar a ingresar de nuevo en el plazo de 45 días a partir de 6 de julio (hasta el 20 de agosto) si no sería ausencia injustificada y perderían la plaza.
ADEMAF asegura que se trata de "una medida sin sentido cuando hablan de 'nueva normalidad' y las restricciones de visitas siguen siendo las de la fase III". "No se han restaurado ni siquiera los ínfimos servicios que decían tener anteriormente. No hay garantías y menos después de la constatada falta de organización y abandono por parte de la Comunidad de Madrid a las residencias, y de la falta de trabajadores permanente. Hay personas todavía positivas y aisladas en muchas residencias", aseguran.
Por eso, esta asociación de familiares de usuarios de geriátricos considera "un despropósito" que les amenacen con perder una plaza concedida tras muchos años de espera. "Un despropósito más, como todo lo que está pasando con las personas mayores y dependientes", recalcan.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad han indicado a Europa Press que la norma de los 45 días se implantó en 1994 con el objetivo de que personas que se encuentren en lista de espera puedan acceder a una plaza pública. Y apuntan que los días del estado de alarma no contaban en este plazo al ser una causa de fuerza mayor y empezó a contar desde el inicio de la fase III el 6 de julio.
Según el protocolo establecido por las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad, los residentes deberán presentar una PCR negativa y no haber tenido síntomas de Covid en los últimos 14 días para el reingreso. Si hubieran tenido alguno, aunque presenten un resultado negativo, podrán volver a ocupar su plaza aunque permanecerán aislados hasta que pase del plazo de incubación.
En los meses de marzo, abril y mayo un total de 315 ancianos abandonaron las residencias públicas, concertadas y de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid, según cifras proporcionadas por la propia Consejería. Aunque no hay datos de estas privadas, las salidas de ancianos de estas residencias podrían haber superado el centenar en el mismo trimestre.
Por el contrario, un total de 326 mayores ha ingresado en residencias públicas y concertadas de la región tras su reapertura a nuevas incorporaciones a finales de mayo, también según datos oficiales.
En la primera semana solo ingresaron 26 ancianos, pero poco a poco, avanzando la desescalada, estos números han aumentado, aunque todavía con miedos y muchas precauciones. Se trata de mayores que estaban en puestos prioritarios de la lista de espera de la Comunidad de Madrid. A fecha de 30 de junio 6.486 personas estaban a la espera de un plaza en un geriátrico público o concertado.
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