Antes de que llegara la pandemia nuestra Constitución ya había envejecido mucho más deprisa de lo previsto. Lo que ha puesto de manifiesto la crisis del coronavirus es que los cambios son más urgentes y necesarios.
La tendencia descentralizadora ha dejado al estado con muy pocas armas para afrontar problemas globales y de alcance mundial. La brutal tragedia puede abrir la puerta al cambio.
Con apenas 38 años de existencia nuestra Carta Magna necesita de cambios en profundidad. Factores externos, como la pertenencia a la Unión Europea y al euro, le obligaron y van a seguir haciéndolo a introducir textos y desterrar artículos que parecían inamovibles; y factores internos, como el desarrollo de los 17 Estatutos de autonomía, han logrado que el Estado que se dibujó en 1978 se parezca muy poco al real de 2020.
Principios consagrados como derechos básicos y universales, como el del trabajo o la vivienda, se van a enfrentar a la realidad de seis o siete millones de parados y a miles de empresas quevan a desaparecer, por no hablar de la crisis endémica de los autónomos. Se sigue marginando a la mujer en los derechos sucesorios a la Jefatura del Estado. Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo no se acatan o simplemente no se cumplen. Seguimos hablando de derechos históricos cuando se enfrentan unas Comunidades con otras o con el estado. Miramos hacia atrás, hacia la historia de hace doscientos o quinientos años en lugar de mirar hacia el futuro que se debe construir entre todos. Hacemos incapie en lo que nos diferencia y olvidamos con premeditación lo que nos une.
Los últimos gobiernos, tanto los del PSOE como los del PP se han resistido a abordar ese cambio pese a saber que era y es inevitable y que cuanto más se demore peor solución tendrán los problemas que laten en su interior. Ahora, con la suma de todas las crisis posibles, desde la económica a la social pasando por la política y la estructural que ha creado la pandemia, no se puede seguir mirando hacia otro lado. De la crisis económica saldremos más pronto o más tarde y más pobre España y la mayoría de los ciudadanos; de la crisis política se saldrá con los mismos partidos y con el bipartidismo imperfecto que aún existe tras el aparente exito de las nuevas formaciones como Podemos, Ciudadanos o Vox, que representen mejor a la sociedad española en su conjunto; pero de la crisis estructural solo se puede salir si los partidos asumen la responsabilidad de cambiar lo que es evidente que se ha podrido, el propio Estado.
Nuestro modelo de convivencia está en entredicho, nuestro modelo de solidaridad está en cuestión, nuestro modelo parlamentario no funciona como debería, ni el proceso electivo que lleva a elegir a los representantes del pueblo. Podemos seguir poniendo parches aquí y allá, pero el tiempo para las reformas pacíficas y ordenadas se terminará acabamdo. Y has las necesidades que se han acumulado pueden encontrar en esta crisis la gran solución. De una sola tacada se pueden resolver y volver a dotar de esperanza y confianza a los ciudadanos.
Estamos en el inicio de la Legislatura política que nace tras las elecciones de noviembre, estamos en el fondo de la crisis económica, estamos asistiendo a la crisis de la propia institución monárquica, y estamos viendo como la tensión territorial en Cataluña no baja de intensidad sino más bien todo lo contrario. Por necesidad, tanto el PSOE como organización y sus dirigentes, como el conjunto de los partidos tienen que dar el primer paso. Nuestro socialismo oficial aboga por una Monarquía Federal que intente resolver el problema de la estructura del Estado con sus diferentes Comunidades autónomas peleando por derechos y obligaciones que no hacen sino ahondar en las diferencias, sobre todo cuando hay una lengua propia en su territorio.
No es nuevo el intento, si es nueva la acuciante crisis interna que viven todos los partidos políticos frente a unos ciudadanos que no se sienten representados y que piden mayor participación que la que les ofrecen unas elecciones cada cuatro años, en las que se ofrecen unos programas que luego no se cumplen. Los españoles queremos cambios profundos y reales. Cambios para que se pueda mirar al futuro con esperanza por duro que se vea el horizonte inmediato.
Tiene que cambiar la Monarquía y su relación con el conjunto del estado, tienen que cambiar los partidos en su funcionamiento y tienen que cambiar los métodos electivos, tienen que cambiar la Constitucion y los 17 Estatutos de las 17 Comunidades. Dice uno de esos viejos refranes de esta España nuestra que es mejor ponerse una vez colorado que ciento amarillo, que aplicado a nuestra vida pública puede traducirse que es mejor aprovechar la crisis global para hacer un cambio global que querer salir de la crisis con remiendos legales de corto recorrido. Y todo para que nuestra actual clase dirigente no pierda los privilegios que ella misma se ha otorgado.
