El 93,75 por ciento de los encuestados considera que es necesario implementar una normativa que respalde el "desalojo inmediato", para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.
El 94,1 por ciento de la población de Madrid cree que es necesario endurecer las penas contra los okupas, según los datos que el Instituto Sondea ha recabado para Securitas Direct.
De hecho, el 93,75 por ciento de los encuestados considera que es necesario implementar una normativa que respalde el "desalojo inmediato", para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.
Así, 7 de cada 10 (69,4%) madrileños consideran que la principal acción que llevarían a cabo en caso de ocupación sería llamar a la policía, mientras que un 39,58 por ciento seguiría los trámites legales. Cerca de 1 de cada 4 (28,47%) intentaría contratar a una empresa para que los echara por la fuerza, mientras que un 22,57 por ciento lo haría por su propia cuenta. Sólo un 14,2 por ciento consideraría la opción de negociar con los okupas como válida.
En lo relativo a la prevención, para los habitantes de Madrid, el método más efectivo para evitar la ocupación de una vivienda es la alarma conectada a una central receptora (27,8%), seguido de la vigilancia privada (25,35%) y puertas blindadas (20,14%). Con gran diferencia y en cuarto puesto se encuentran las rejas (7,64%), cerraduras electrónicas de puertas y cámaras de vigilancia (6,94%) y un perro que vigile la casa (5,21%).
Pese a la percepción perjudicial de la ocupación por parte de los madrileños y que más de 6 de cada 10 (65,9%) opinan que la ocupación de viviendas no está justificada nunca en ningún caso, hay un porcentaje que sí podría aceptarla.
Un 34 por ciento piensa que la ocupación de una vivienda puede estar justificada en alguna circunstancia, especialmente si las casas son de bancos (19,4%) o si hay niños pequeños y no se tienen recursos (13,89%).
También defienden que está justificado para el 10,76 por ciento si las casas están vacías o desocupadas o son de las administraciones públicas, para un 9,38 por ciento si las personas no tienen otra opción y para el 7,99 por ciento si las casas son de promociones que no se han terminado.
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