La formación ha registrado en el Ayuntamiento parte de la información elevada a la Fiscalía para que los servicios jurídicos municipales determinen si hay indicios para presentar denuncia ya no ante el Ministerio Público sino ante el juzgado.
El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ha registrado este miércoles en el Ayuntamiento parte de la información elevada el pasado viernes a la Fiscalía Provincial sobre las presuntas irregularidades urbanísticas de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, para que los servicios jurídicos municipales determinen si hay indicios para presentar denuncia ya no ante el Ministerio Público sino ante el juzgado.
Calvo ha pedido "valentía" al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la comisión del ramo, porque parece que "no quiere tocarle las narices a un partido de quien depende la estabilidad de su gobierno". "Parece que PP y Cs están arrastrando los pies y mirando a otro lado", ha lamentado el edil de Más Madrid.
El concejal ha presentado por registro este miércoles una solicitud dirigida a la Junta de Gobierno para que la asesoría jurídica estudie el informe sobre los hechos y documentos elevados a la Fiscalía por su grupo municipal "ante la pasividad" de otras instituciones para que depure la posible comisión de delitos en los expedientes administrativos relativos a la calle Rodas 7, la vivienda del presentador Arturo Valls, dado que no han prescrito.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que "aparece como verosímil que los planos incluidos en el documento del proyecto de acondicionamiento de cambio de uso de local comercial a vivienda registrado por Rocío Monasterio", primero en 2011 y después en 2016, "se incluyeron de forma fraudulenta un sello de visado del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, lo que podría suponer la comisión de un delito de falsedad documental".
Recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal "impone a todo aquel que presenciare la perpetración de cualquier delito público, que no es otra que ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial o funcionario fiscal".
Con ello, y habiendo saltado a la opinión pública estos hechos, Más Madrid destaca que el Ayuntamiento "puede conocerlos en primera persona por disponer de los documentos en sus archivos", por lo que "deberá denunciarlos en la forma legal que estime pertinente" si son constitutivos de delito.
VE INDICIOS DE POSIBLE ESTAFA
Añaden que la acción del Consistorio "no debería terminar en la denuncia de la supuesta falsificación sino que habrá de tener en cuenta la intención buscada con la presunta alteración del documento a través de su sello de visado, que no debió ser otra distinta que la de obtener un acto de la Administración local favorable a la concesión de una licencia urbanística de obras de acondicionamiento y cambio de uso de local comercial a vivienda".
Esto "podría ser constitutivo de un ilícito de estafa regulado en el Código Penal". Dicha autorización no fue concedida "pero la legislación penal regula el grado de tentativa, penalizando así a los que intentan la consumación de un delito que no llega a producirse por causas independientes a la voluntad del autor".
En Más Madrid defienden que es eso "lo que deberá enjuiciarse, el ánimo de engaño sobre el Ayuntamiento de Madrid que pretendió Monasterio al presentar unos documentos alterados para lograr un acto de la Administración que hubiera atentado contra el interés colectivo, pues se hubiera podido llegar a conceder una licencia urbanística sin reunirse los requisitos establecidos para ello".
La semana pasada, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que no sería "función del Ayuntamiento de Madrid" investigar o personarse ante las supuestas irregularidades del visado de obra que habría utilizado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid en la reforma del loft del presentador Arturo Valls en 2005.
El regidor justificó esta posición exponiendo que el Consistorio "no es parte de la relación jurídica" en la que se habrían cometido las supuestas irregularidades y deslizó que, si tomasen medidas, sería como asumir que el Ayuntamiento debería investigar y personarse en "cualquier relación jurídica que suceda en Madrid" y en la que pudiese haber alguna anomalía legal.
Así, ha desplazó esta responsabilidad hacia aquellos "perjudicados en la relación jurídica", quienes tendrían la potestad de llevarlo a la Fiscalía de Madrid.
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