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Piden paralizar las obras del Tallar de Artillería tras la anulación judicial de la demolición

Piden paralizar las obras del Tallar de Artillería tras la anulación judicial de la demolición

jueves 10 de octubre de 2019, 13:17h
El TSJM dictaba una sentencia por la cual se declara nulo de pleno derecho el plan parcial de reforma interior (PPRI) aprobado el 27 de noviembre de 2015 por el pleno del Ayuntamiento de Madrid

Ecologistas en Acción ha anunciado que solicitará la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que paraliza el plan urbanístico del Taller de Artillería de Chamberí "y la consecuente paralización de las obras que se realizan".

El TSJM notificó ayer miércoles la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2019 de la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativa, por la cual se declara nulo de pleno derecho el plan parcial de reforma interior (PPRI) aprobado el 27 de noviembre de 2015 por el pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Contra este acuerdo se interpusieron dos recursos, uno por la asociación Ecologistas en Acción y otro por un particular. Anoche se conocieron los dos fallos judiciales en los que se estiman ambos recursos.

El PPRI anulado supuso la transformación de la manzana comprendida entre las calles Raimundo Fernández Villaverde, Modesto Lafuente, Maudes y Alonso Cano, en el distrito de Chamberí, pasando de dotacional de la administración a residencial privado. Sobre estos terrenos de 14.569 metros cuadrados de superficie se levantaba el Taller de Precisión de Artillería, un edificio militar originario de 1899 que fue demolido en su totalidad conservando únicamente el refugio antiaéreo y el polvorín, gracias a los trabajos de investigación de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patriminio.

La actuación, urbanística conlleva la edificabilidad lucrativa de 54.225 metros cuadrados, lo que se traduce en 450 viviendas de lujo sin incluir reserva para viviendas de protección y sin valorar la existencia de recurso hídricos para abastecer a más de 1.000 nuevos residentes, ha asegurado la organización 'verde' en una nota de prensa.

La sentencia admite el recurso de Ecologistas por la omisión de la reserva de suelo necesaria destinada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública impuesta por la legislación vigente aplicable; así como por la falta del preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre suficiencia de recursos hídricos.

La sentencia, en contra de lo que defendían el Ayuntamiento de Madrid y la promotora, Residencial Maravillas, Sociedad, considera que el PPRI produce "una auténtica transformación del ámbito y, por ello, debe estar dotado de las infraestructuras y dotaciones públicas en relación directa con las necesidades del área en la que se localiza".

Ecologistas en Acción ha mostrado su satisfacción por el fallo judicial, aunque consideran que "llega tarde", ya que el edificio histórico del TPA "ha sido demolido y las obras del nuevo complejo residencial se han iniciado". Aunque la organización solicitó en diciembre de 2016, la suspensión cautelar del proyecto, las obras de demolición sólo fueron paralizadas durante 24 horas, periodo tras el cual se levantó la suspensión y la totalidad del edificio fue demolido.

La organización demandante lamenta que la aprobación definitiva fuera llevada a cabo por el Gobierno municipal de Ahora Madrid, "sin atender las peticiones vecinales y de colectivos ecologistas y de protección del patrimonio y la oposición de parte de los concejales del grupo municipal".

El 27 de noviembre de 2015, fecha en la que se aprobó el PPRI en el pleno, seis concejales de Ahora Madrid, junto con el Grupo municipal Socialista votaron en contra, pero la mayoría del resto de concejales de Ahora Madrid, junto a los votos de los grupos Popular y Ciudadanos, permitieron que se aprobara un proyecto ilegal.

Aunque la sentencia es recurrible, Jaime Doreste, abogado que defiende a Ecologistas en Acción en el procedimiento judicial, ha afirmado que solicitará la ejecución provisional de la sentencia y la consecuente paralización de las obras que se realizan.

ASOCIACIONES CRITICAN LA "INSEGURIDAD JURIDICA"

Asociaciones vecinales de Chamberí y Madrid, Ciudadanía y Patrimonio han criticado la "inseguridad jurídica" de las administraciones al sacar adelante planes "muy cuestionables", tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del plan urbanístico del Taller de Artillería de Chamberí (TPA).

Según han informado en un comunicado, el Ayuntamiento deberá responder a la ciudadanía al primar "intereses particulares sobre el interés general" de los vecinos.

Estas afirmaciones se producen después de que el TSJM anulara el plan aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en 2015 al considerar que omite los requisitos de reserva suelo (10%) para vivienda protegida y no desplegar un informe de sostenibilidad económica que argumente la viabilidad del proyecto en lo referente a las cargas generadas.

Las asociaciones han explicado que en los últimos años se está produciendo una interpretación de la legislatura urbanística "que busca su justificación principal en los derechos individuales, por encima de los derechos colectivos".

"En los últimos años nos hemos cansado de escuchar que esto se debía a la necesidad de alcanzar una pretendida seguridad jurídica, que como vemos finalmente tiende a generar el efecto inverso: la inseguridad permanente, al ser anulados por la justicia dichos planes", han asegurado.

Así, han afirmado que han apoyado la conservación del TPA por su "esencia patrimonial" y por las "posibilidades sociales" que ofrecía este suelo público para equipamientos públicos en un entorno que aseguran que tiene "grandes carencias de dotaciones" para los habitantes.

Por ello, han exigido al Ayuntamiento que cumpla la sentencia y que obligue a la paralización de las obras y a la demolición de lo que ha edificado en base a un planeamiento "ya ilegalizado".

Asimismo, han destacado que el empeño del Consistorio de aprobar un plan parcial "sin la debida justificación legal" ha supuesto la "pérdida irreparable" de un edificio en 2016 con "enorme valor histórico y arquitectónico". "Resulta imprescindible la demolición de esta obra construida al margen del debido amparo legal", han apuntado.

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