Los benedictinos se cruzan en el camino de la exhumación de Franco, irán al Constitucional

La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se opone a la petición de levantamiento de suspensión cautelar de la exhumación de Francisco Franco solicitada por la Abogacía del Estado, recuerda que las "vulneraciones de derechos fundamentales" invocadas por la Abadía en relación a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto, no han sido aún enjuiciadas, y anuncia que acudirá al amparo del Tribunal Constitucional.

"Parece evidente que tanto la familia Franco como, desde luego, esta Abadía, acudirá al amparo del Tribunal Constitucional alegando la vulneración de los derechos fundamentales que constan en nuestro escrito de demanda solicitando, si fuera preciso, el planteamiento de una 'autocuestión de inconstitucionalidad'", precisan los benedictinos en un escrito presentado este martes 8 de octubre ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press.

Aunque el Tribunal Supremo rechazó en su totalidad el recurso presentado por los nietos de Franco, los benedictinos presentaron otro recurso que aún no ha sido resuelto. "Las vulneraciones de derechos fundamentales, autónomas con respecto a las alegadas por la familia Franco, invocadas por la Abadía siguen sin haber sido enjuiciadas", señalan.

En concreto, los monjes de la Abadía del Valle de los Caídos, cuyo prior es Santiago Cantera, alegaron que la exhumación de los restos del dictador vulneraba el derecho a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares y actos de culto.

"Sería irreversible el daño que se produciría a mi mandante (y a la Iglesia Católica en general) si se consuma la entrada en un lugar de culto (Basílica) y una res sacra (sepultura), sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica. Si la entrada a la Basílica y la exhumación se produce sin dicha autorización, con independencia de que, posteriormente, este Tribunal o el Tribunal Constitucional estimen la infracción del derecho a la libertad religiosa de la Comunidad Benedictina que supone tal actuación, el perjuicio ya sería irreparable", reza el escrito.

Tampoco se ha juzgado, según precisan, la "infracción" que, a su juicio, el propio Real Decreto-Ley provoca "sobre la libertad religiosa e intimidad de la Abadía y familiares de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía y que, según el dictado de la norma legal, deben ser imperativamente exhumados". "Carecen de relevancia, significación política o ideológica y, sin embargo, van a sufrir su exhumación y traslado de forma desproporcionada y arbitraria", añaden.

Por todo ello, piden al Supremo que admita este escrito teniendo por formulada su "oposición" a la petición de levantamiento de suspensión por parte del Estado y que "resuelva el mantenimiento de la misma". En caso de que se desestime la demanda de la comunidad benedictina, anuncian que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional para que decida si mantiene o no la suspensión de los acuerdos recurridos.

En todo caso, precisan que si no se dicta sentencia sobre su recurso, no podrían acudir al Tribunal Constitucional. "La pretensión de la Abogacía del Estado no puede ser acogida, dado que privaría a mi representada del derecho a interesar al Tribunal Constitucional la suspensión de una eventual Sentencia estimatoria futura", señala el escrito.

EL PRIOR NO AUTORIZA LA ENTRADA A LA ABADIA

El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha contestado al Gobierno en funciones que no autoriza la entrada a la Abadía para exhumar los restos de Francisco Franco.

"Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", reza la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así lo ha indicado Cantera en una carta enviada este miércoles 9 de octubre en respuesta a la misiva que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación.

El prior explica que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, precisa que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados".

EL TS: "LA SENTENCIA ES CLARA"

La sala del Tribunal Supremo que ha avalado la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha contestado este miércoles a la familia Franco, que le había solicitado que aclarara un aspecto concreto de su resolución, que no procede explicar nada porque "la sentencia es clara".

Afirma también que es el único órgano que puede revisar decisiones del Consejo de Ministros, lo que puede interpretarse en relación con el litigio que mantiene abierto el juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, por la supuesta ilegalidad del proyecto de obra presentado por Patrimonio Nacional para sacar los restos del dictador.

La familia Franco solicitaba concretamente que se aclarara el fallo de la sentencia en el sentido de que, en el caso de no otorgarse por la Comunidad Benedictina la autorización eclesiástica por el acceso, conocer si dicha autorización "puede ser suplida por una autorización judicial indicando, en su caso, el órgano judicial competente".

Como respuesta a esta petición, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo han hecho público un auto de 4 páginas en el que señalan que, efectivamente, el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo de 2019 -cuya parte dispositiva reproduce la sentencia- dice que "se solicitará la correspondiente autorización eclesiástica".

Y lo hace, añaden los magistrados del alto tribunal, "porque con anterioridad había sido denegada por el Prior Administrador la que se había pedido", según también recoge la sentencia hecha pública el lunes 30 de septiembre.

También reproduce la sentencia los términos de la negativa "que no fue absoluta sino condicionada al o que resolviera esta Sala". Por ello, y como la sentencia avaló la legalidad de los acuerdos del Consejo de Ministros, "tiene por decaída esa denegación".

Por otra parte, añaden que "a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros, según establece el artículo 12.1 de la Ley de Jurisdicción y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni tampoco sobre la ejecución de la sentencia dictada que ellos dictaron sobre este asunto, según señala el artículo 103.1 de la Ley de Jurisdicción.

Una vez resuelta esta cuestión aún está pendiente que la Sala levante suspensión cautelar sobre el decreto del Ejecutivo que aún pesa sobre tres recursos aún no resueltos: el de las fundaciones Franco y en Defensa del Valle y de los Benedictinos.

Está previsto que este asunto sea resuelto mañana, según han señalado a Europa Press fuentes de la Sala. Tras ello quedará solventada de forma definitiva el expediente judicial, que será entonces remitido al Consejo de Ministros permitiendo que éste pueda ejecutar su decisión y sacar del Valle los restos del dictador.