La ministra rechaza la propuesta apuntada por la Fiscalía de "introducir cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual" a menores. También el presidente del TSJM cree que se "estaría en contra de derechos fundamentales", mientras que CSIF, califica de "barbaridad" la "ocurrencia"
La Ministra de Educación y protavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, considera "terrible" la posibilidad de instalar cámaras permanentes en las aulas de los centros educativos como ha sugerido la Fiscalía General del Estado en su memoria anual ante el aumento de los delitos sexuales en los últimos años.
Celaá, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, afirma que "todas las propuestas pueden ser debatidas", pero es "una medida absolutamente fuerte", teniendo en cuenta que "no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones". En su opinión, con la instalación de cámaras se estaría poniendo en los centros educativos "un 'gran hermano' permanente".
La portavoz del Gobierno ha recordado que en su etapa como consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco se acordó instalar cámaras, con fines probatorios, en un aula en la que se estaban produciendo incidentes, pero ha cuestionado que se haga "como censura previa" porque, según ha afirmado, "quizás no haya más agresiones, sino que se denuncian más".
PRESIDENTE DEL TSJM: "ESTARÍA EN CONTRA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, ha asegurado este martes que "la vigilancia excesiva siempre estaría en contra de los derechos fundamentales" como el derecho a la libertad o a la intimidad personal en alusión a la propuesta de la fiscal general del Estado, María José Segarra, de instalar cámaras en las aulas ante incremento de delitos de abuso de menores.
Así lo ha dicho el magistrado durante una entrevista en una emisora de radio, recogida por Europa Press, donde se ha pronunciado sobre la propuesta lanzada ayer por Segarra durante el acto de apertura de año judicial, algo de lo que cree que pone el "dedo en la llaga" por un problema tras detectarse un aumento de las citadas infracciones legales.
"Sin duda alguna, plantearnos como horizonte una sociedad vigilada siempre se tiene que ponderar con suma cautela. Hay grandes otras de la literatura que plantean una reflexión sobre una sociedad en la que se puede vivir desarrollando una de las mayores riquezas del ser humano como es la libertad", ha expuesto.
De este modo, ha manifestado que a la hora de evitar ese delito contra los menores, ese medio de "vigilancia puede ser eficaz pero tendrá que ser objeto de análisis de las comisiones de garantías en materia de videovigilancia".
Por ello, ha dicho que "no tiene sentido" plantearse esa situación en "abstracto", sino que tendría que ser matizado "caso a caso". "De ninguna manera, la fiscal general quiso dar una sensación de caminar a ese horizonte de sociedad vigilada", ha precisado.
CSIF: ES UN ATAQUE LA INTIMIDAD DE ALUMNOS Y PROFESORES
El presidente del sector de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez califica de "barbaridad" la "ocurrencia" de la Fiscalía de "introducir cámaras en las aulas para prevenir el abuso sexual" a menores.
En concreto, la Fiscalía expone en su memoria anual que para evitar situaciones de abusos a menores se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados" como despachos o aulas. Algo que rechaza CSIF por "conculcar el derecho a la intimidad de los alumnos y profesores" y dar por hecho que "la responsabilidad proviene del trabajo de los docentes en el aula".
"No se puede fiscalizar así el trabajo de los docentes", critica Gutiérrez, que defiende la labor del profesorado porque "ya educan en el respeto, la igualdad y la tolerancia". "Lo que tiene que hacer la Fiscalía es ejercer su función cuando se producen estos delitos", añade.
LO QUE AFIRMA LA FISCALÍA
Según sostiene la Fiscalía en su Memoria, los abusos sexuales contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios", apunta.
En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta.
Para evitar esto, el Ministerio Fiscal sugiere que se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados --como despachos, aulas--, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".
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