La ex pareja de Verónica, que se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada y ha quedado en libertad sin cargos, está considerado el principal sospechoso de haber difundido el vídeo sexual de la víctima, que provocó que se quitara la vida
Agentes de la Policía Nacional están analizando el móvil de la expareja de la trabajadora de Iveco que se quitó la vida el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros de trabajo, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
La pericial forense se está llevando a cabo después de que ayer el exnovio entregara su móvil tras prestar declaración en sede policial, donde acudió de forma voluntaria por la "presión" que estaba recibiendo estos últimos días, han indicado las mismas fuentes.
Ante los investigadores, esta persona negó haber sido ser el autor de la difusión de las imágenes y facilitó su teléfono a los agentes. Una de las versiones que ha circulado en los últimos días es que la víctima mandará por error el vídeo.
EN LIBERTAD SIN CARGOS
El exnovio de Verónica quedaba en libertad sin cargos tras prestar declaración ante la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes policiales.
El hombre se entregaba este pasado jueves a las 16.00 horas en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, según confirmaban a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Inmediatamente, los agentes de la Benemérita deban aviso a la Policía Nacional, encargada de la investigación, y el hombre era trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía, aunque no estaba detenido.
Tras prestar declaración ante efectivos de la Brigada Central de Investigación Tecnológica, la ex pareja de Verónica, considerado el principal sospechoso de haber difundido el vídeo de su expareja, ha quedado en libertad sin cargos.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares abrió este jueves unas diligencias para investigar la difusión de un vídeo sexual de la trabajadora de la fábrica de Iveco. La mujer, de 32 años y madre de dos hijos pequeños, estaba preocupada tras la difusión por lo que opinaría su marido, que lo vio el viernes. En ese momento, la mujer padeció una crisis nerviosa. Al día siguiente, se suicidó en su casa de Alcalá de Henares.
LA POLICÍA ANALIZA QUIEN COMPARTIÓ EL VÍDEO Y SI HUBO ACOSO
La juez Ana María Gallegos se hizo cargo del caso tras recibir el atestado policial del suicidio, pero ahora investigará también la difusión del vídeo sexual. Por tanto, se abren diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.7 del CP) una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado le han remitido atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
Este órgano judicial, que fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento, ha decretado el secreto de las actuaciones.
Por su parte, la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares abrió de oficio una investigación. Los agentes están analizando el vídeo que se filtró y comprobando quiénes lo compartieron y si la mujer pudo sufrir acoso por este motivo por parte de algunas personas de la empresa que trabajaba, del grupo Iveco.
Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".
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