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EMSV no logra deshacerse de 30 viviendas en Los Molinos-Buenavista

viernes 09 de octubre de 2015, 11:24h
Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid han acordado el inicio de los trámites para cambiar el régimen de estas viviendas para que se destinen al alquiler, ante la imposibilidad de venderlas
El Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid han acordado el inicio de los trámites para cambiar el régimen de 30 viviendas protegidas que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) no consigue vender en Los Molinos y Buenavista, para que se destinen a alquiler.

Según el Ayuntamiento, ya existe una bolsa de demandantes de vivienda en alquiler para estos pisos, por lo que el inicio de los trámites se ha consensuado en una reciente reunión que han mantenido la alcaldesa Sara Hernández con el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán.

Las viviendas son de dos y tres dormitorios con una superficie que va desde 67 hasta 90 metros cuadrados útiles, y están a la venta con unos precios que oscilan entre 132.212 y 167.000 euros.

La EMSV ha lanzado varias promociones en el último año para intentar la venta de las viviendas, regalando los gastos notariales y registrales, pero con escaso éxito.

Según el Ayuntamiento, todos los pisos "cuentan con materiales y acabados de primera línea, con lo que están desarrollados bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y disponen de espaciosas zonas comunes y todo tipo de comodidades".

La dificultad para vender los pisos provocó que el Pleno aprobara a finales de 2014 una moción de UPyD para estudiar la posibilidad de destinarlos a alquiler social, aunque la entonces concejala de Urbanismo, Paz Álvarez, aseguró que sería necesario que la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad de Madrid autorizase su cambio de uso.

Asimismo, señaló que amortizar las viviendas para destinarlas a alquiler supondría un coste superior a los 4,6 millones de euros porque habría que devolver el préstamo promotor y también solicitar autorización a las entidades de crédito acreedoras de ese préstamo "que podrían valorar el cambio como un incremento del riesgo y, por tanto, endurecer las condiciones de novación".
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