17/02/2010.-Exigieron que se respete el derecho al descanso de sus vecinos en la Comisión de Fomento, en relación con la tramitación del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Navegación Aérea.
El primero de los regidores en comparecer fue el de Coslada. Ángel Viveros, quien agradeció que "se escuche" en este "complejo" problema a los representantes de la Administración local, "y no sólo se les oiga".
Viveros destacó que el proyecto de ley de modificación de la ley de Navegación Aérea es una "inmejorable" oportunidad para dar respuesta a las demandas de los municipios afectados y "conciliar la actividad de los aeropuertos, sector estratégico de nuestra economía, con sus entornos".
El establecimiento de medidas correctoras y compensatorias para garantizar los derechos de residentes y trabajadores en las ciudades afectadas por las servidumbres acústicas, un control más estricto del uso de las rutas fijadas en cada configuración por parte de las compañías aéreas y sancionar con mayor rigor y eficiencia los incumplimientos fueron algunas de las propuestas del alcalde de Coslada.
"Decepción y casi indignación" fueron las palabras del alcalde de San Fernando, Julio Setién, a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Fomento.
"No ha habido sensibilidad alguna en el grupo socialista ni en el grupo popular a nuestras lógicas y entendibles reivindicaciones", dijo Setién.
En su comparecencia, Setién explicó que la Ley debe fijar las servidumbres máximas de ruido sin ampliaciones ilimitadas, tal y como podrían producirse según la modificación actual de la Ley.
Considera que todos los municipios afectados deben tener presencia en la comisión mixta que se creará sobre Barajas y no sólo un ayuntamiento como establece la modificación de la Ley.
Además, reclamó que se elimine la obligación de tener que soportar sobrevuelos y operaciones que no se corresponden con las rutas aéreas y los procedimientos aeroportuarios establecidos.
El alcalde de San Fernando, no obstante, manifestó que seguirá proponiendo un frente común de los Ayuntamientos afectados (al menos en el ámbito del aeropuerto de Barajas) como medida de protesta y de presión durante todo el proceso.
Los alcaldes de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán, y Algete, Inmaculada Juárez, pusieron de manifiesto que el proyecto de ley "se ha querido aprobar de forma urgente, precipitada y sin contar con la participación de los ayuntamientos afectados por el ruido" del aeropuerto de Barajas.
Ambos consideran que el Gobierno central se ha visto obligado a modificar la Ley de Navegación Aérea de forma urgente a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) a adoptar las medidas precisas para que cese el ruido sobre la urbanización Santo Domingo (Algete).
"Para quién legisla el Gobierno socialista: para las personas o para las compañías aéreas y para AENA", se preguntó Rollán.
Los dos regidores del PP instaron al Ejecutivo a que elaboren un texto que haga compatible la sostenibilidad de la navegación aérea con los derechos de las personas afectadas, de los agentes económicos afectados y el evidente interés nacional que suponen los aeropuertos.
Para Juárez, lo que tiene que hacer el Gobierno es rehacer las Declaraciones de Impacto Ambiental para la imposición de posibles servidumbres, retirar la disposición transitoria y obligar en primera instancia a mitigar el ruido, sin escatimar medios para cumplir los objetivos de calidad ambiental.
Los cuatro alcaldes madrileños declararon junto con otros regidores afectados por los de El Prat-Barcelona y Sondika en Bilbao.
Una vez los alcaldes han comparecido ante la Comisión de Fomento con los grupos parlamentarios, previsiblemente se aprobará la modificación propuesta por el Gobierno a la Ley de Navegación Aérea, de ahí pasará el proyecto de Ley al Senado, para que vuelva probablemente al Congreso de cara a su aprobación definitiva.
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