El Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado la demolición de una casa de dos plantas construida ilegalmente en el número 68 F de la Cañada Real Galiana, en el distrito de Vicálvaro, tras recibir la preceptiva autorización judicial, ha informado el consistorio.

La edificación demolida se encontraba ubicada en el cauce del Arroyo de los Migueles, "con el consiguiente riesgo de desbordamiento y peligro al encontrarse en zona inundable", según el Ayuntamiento.

Por este motivo, el Consejo de Ministros autorizó el pasado año la declaración de emergencia de las obras de encauzamiento del arroyo con el fin de evitar que se produzcan riadas.

Los trabajos, que está realizando la Confederación Hidrográfica del Tajo, se encuentran paralizados en el tramo que discurre por la Cañada Real debido a la existencia de diversas construcciones ilegales, actualmente pendientes de resolución judicial para su derribo.

La demolición se ha realizado tras autorizar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la entrada en domicilio para su desalojo y demolición.

De acuerdo con el protocolo establecido, se ha contado durante la operación con efectivos del Samur Social para atender las necesidades de los ocupantes de la construcción demolida.

El Ayuntamiento ha subrayado que la actuación realizada esta mañana se enmarca en el conjunto de medidas que viene desarrollando "para el mantenimiento de la legalidad urbanística, hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de la Cañada Real Galiana".

Desde mayo de 2007, el Ayuntamiento de Madrid ha efectuado en la Cañada Real Galiana y su entorno 198 demoliciones de diverso tipo, incluyendo 140 construcciones, 34 infraviviendas, un puente y nueve naves industriales.

También dos superficies dedicadas a aparcamiento, un colector ilegal que vertía aguas fecales en un humedal objeto de protección ecológica, 10 cerramientos de parcelas y un antiguo centro de transformación eléctrica en estado ruinoso, todo ello con el fin de evitar el crecimiento de este asentamiento ilegal, mediante la aplicación de instrumentos de disciplina urbanística.

Además, se han precintado cinco locales por carecer de licencia de actividad y funcionamiento.