El sistema de consenso, tan escaso en la alta política de hoy, parece operar con eficacia entre los vocales del CGPJ, de una y otra ideología. Eso es en gran parte porque a Dívar no le gustan los conflictos y hace todo lo que está en su mano por evitarlos, propiciando la negociación permanente entre ambas partes.

Buena prueba de ello fue la ausencia de informe, por parte del CGPJ, al proyecto de modificación de la Ley del Aborto propuesto por el Gobierno.

Sin embargo, en ocasiones, ese talante negociador descarrila y pone todo al borde del abismo, como sucedió el pasado 29 de septiembre, martes, en la víspera de la presentación del proyecto EJIS (Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad), por parte del propio Dívar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. Una presentación que iba a tener lugar en la sede del gobierno de los jueces, en la calle del Marqués de la Ensenada.

El EJIS era el programa estrella del Ministerio de Justicia, una pieza fundamental en el Plan de Modernización, ahora en marcha, cuyo objetivo es hacer que se comuniquen todos los órganos judiciales entre sí y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, evitando así que se reproduzcan casos como el de la niña Mari Luz.

Para el Ministerio el EJIS era “prioridad uno” y la escenificación de unidad –Ministerio, Consejo del Poder Judicial y Fiscalía General del Estado-, esencial.

Todo estuvo a punto de irse al garete cuando, durante el pleno del CGPJ los miembros del grupo mayoritario progresista -9- junto a los dos consejeros elegidos por PNV y CiU, decidieron aplicar el rodillo y nombrar, con su mayoría, a Almudena Lastra como vocal delegada para Planificación y Análisis de la Actividad Judicial. Fue la primera vez que se hacía una designación de ese tipo con los votos de sólo una parte.

Desde el grupo minoritario conservador aquello fue considerado como el fin del consenso y, de nuevo, el regreso al pasado; el comienzo de un periodo de conflicto, como el que se vivió en el anterior Consejo.

El “timing” elegido para una ruptura de ese calado, con la presentación del EJIS en puertas y la inmediata implementación del Plan de Modernización a nivel nacional, no era el más apropiado. Máxime cuando los consejeros del grupo minoritario, entre los que se encontraba el vicepresidente del órgano de los jueces y presidente de la Comisión de Modernización del CGPJ, Fernando de Rosa, amenazaron con no asistir a la presentación.

Finalmente la razón se impuso, el grupo mayoritario dio marcha atrás en la decisión tomada durante el pleno y declaró su disposición a regresar al sistema de consenso. Caamaño, Conde Pumpido y Dívar tuvieron así su foto de unidad ante la ciudadanía. Se salvó el gran escollo, lo que no quiere decir que la navegación sea fácil. Frente al CGPJ aparecen ahora los nombramientos de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia, País Vasco y Cataluña, sobre lo que tendrán que hacer encaje de bolillos para llegar a un acuerdo.

El entorno en el que se desenvuelve Dívar no es, ciertamente, el de “Alicia en el País de las Maravillas”, aunque sí puede parecerlo si se compara con el panorama que vive la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, acosada por la pesadilla en que se ha convertido la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Es una justicia en color frente a una justicia en blanco y negro, extremadamente contrastada.

Muchos, desde los sectores progresistas, pensaron que, con la desaparición repentina del magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto García-Calvo, en mayo de 2008, los problemas en torno a la sentencia del Estatuto de Cataluña se habían acabado. García-Calvo era el principal y más acérrimo oponente del ala conservadora del Constitucional al “Estatut”. Su muerte acababa con la mayoría con la que contaba este grupo y devolvía la decisión final a manos de la presidenta Casas y de su voto de calidad progresista.

Pero las cosas, lejos de mejorar han empeorado. La dilación en la toma de una decisión final en torno a la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña está resquebrajando su credibilidad pública hasta límites jamás alcanzados. A esto se une el hecho de que cuatro de sus magistrados han agotado su mandato –cumplieron en 2007- y a que el Partido Popular se niega a ningún tipo de renovación hasta que vea la luz la “sentencia del Estatut”. Una renovación que, en pura lógica, beneficiaría al PSOE, pero que también afectaría a los trabajos realizados sobre los recursos acumulados contra el Estatuto de Cataluña.

El Tribunal Constitucional se encuentra, como se dice en catalán, en un “cul de sac”, en un callejón de difícil salida. Ni la magia y el talento conjunto de Houdini y de David Copperfield serían capaces de encontrar una vía de escape a este carajal en que se ha convertido el “Estatut”. Aunque seguro que, a estas alturas, la magistrada Casas no descartaría un consejo de cualquiera de estos magos del escapismo, desde la otra vida o desde esta.

Tampoco ayudan a alcanzar una decisión final las declaraciones públicas y comprometidas de los medios de comunicación catalanes y de los partidos políticos y, mucho menos, las consultas populares sobre la independencia de Cataluña. ¿Qué pasará? Lo que sea, pero cuanto antes, por el bien de todos.

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