El PP ha reiterado hoy al Gobierno en su reunión con la comisión encargada de buscar pactos para salir de la crisis que rectifique su política económica ante el "fracaso manifiesto" de sus medidas.

Así se lo ha trasladado el equipo económico del PP, formado por Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez, a la comisión gubernamental, en la primera reunión bilateral que ésta celebra con los partidos.

El PP ha entregado al Gobierno un documento con diferentes propuestas encaminadas a llevar a cabo una política económica "decidida y coherente"

Así, pide garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria.

Además, aboga por que el recorte del gasto público alcance los 10.000 millones de euros, con reducción en las transferencias de capital y aportaciones financieras a sociedades y entidades públicas empresariales que consolidan dentro del sector público en contabilidad nacional.

También pide la desaparición de la vicepresidencia tercera y de los ministerios de Igualdad y Vivienda.

Asimismo, señala que para permitir que el crédito vuelva a fluir hacia las familias y las pymes es necesario corregir los elevados niveles de déficit público y realizar un estricto control del dinero público.

El PP defiende que se modifique la LORCA para facilitar fusiones entre cajas de diferentes comunidades autónomas, eliminando el veto autonómico para las operaciones que requieran dinero público y creando un nuevo tipo de caja de ahorros de ámbito nacional supervisada por organismos públicos estatales.

En el ámbito fiscal, el documento del PP pide la supresión de la subida del IVA , la reducción de forma permanente en dos puntos de la cotización empresarial a la Seguridad Social, una nueva deducción del IRPF del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo y la recuperación de la fiscalidad de los planes de pensiones.

En cuanto a la reforma laboral, apuesta por la lucha contra la dualidad del mercado de trabajo, por permitir la colaboración pública-privada en los servicios de empleo, por mejorar la negociación colectiva y por luchar contra el absentismo laboral.

Además, señala que se debe garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores y crear la Oficina de Información y Seguimiento de los Precios en el Ministerio de Economía.

Asimismo, defiende que se apruebe una ley de morosidad que establezca un límite de sesenta días para pagar una factura y un límite de cinco días para emitirla.

En política energética, le pide al Gobierno que haga un análisis del resultado y de los objetivos en este ámbito con el fin de poder definir desde el consenso el escenario de partida sobre el que afianzar la nueva planificación estratégica de la política energética española.

El documento también solicita que se recuperen las deducciones para la internacionalización de la empresa española.