O al menos así lo ha valorado el Tribunal Supremo que ha impuesto a Manos Limpias una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular en la tramitación de la querella que este sindicato vinculado con la extrema derecha ha interpuesto contra el juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil.

El auto recuerda que el ejercicio de la acusación popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, entre ellos "la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de la resultas del juicio".

Hace una semanas el Alto Tribunal rechazó la personación como acusación en esta causa contra Garzón a un hijo de Pedro González-Bueno y Bocos, ministro franquista fallecido en 1985. El supremo también ha rechazado la personación de varias asociaciones de la Memoria Histórica y familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.