En Madrid hay más de 200.000 personas dependientes, pero sólo 15.601 de ellas reciben prestación de la Comunidad para su cuidado, según Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid, que hoy denunció el "caos" en que a su juicio se encuentra la aplicación de la Ley de Dependencia.

En rueda de prensa, Ana Sánchez señaló que hay 40.367 personas que han solicitado la prestación, de las que 34.850 tienen el derecho a recibir esta prestación reconocido, pero solamente la reciben menos de la mitad.

Indicó que hay 19.249 madrileños -760 más que el mes pasado- que no reciben prestación porque no tienen realizado el PIA (programa individual de atención), ya que solamente 80 personas se ocupan de realizar estos trabajos.

Así, "después del PIA se debería tardar un máximo de seis meses en cobrar, según la ley, pero esto no se cumple", criticó.

Además, en lugar de recibir la prestación con cuidados y tratamiento, la reciben habitualmente "en forma de cheque", lo cual, según la ley debería suceder sólo excepcionalmente.

El dinero recibido "está entre cuatrocientos y quinientos euros", de modo que, al final, "el peso de los cuidados al dependiente recae sobre la mujer, que no cobra por su trabajo".

Según datos de UGT, hay aproximadamente 112.000 personas mayores de 65 años que son dependientes, a las que habría que añadir personas dependientes menores de 65 años y personas discapacitadas dependientes también menores de 65 años, que juntas rebasarían la cifra de 200.000 personas.

Por otro lado, Sánchez criticó que la Comunidad de Madrid gastó solamente 720 euros en 2007 en prestaciones a los dependientes; y 17,5 millones de euros en 2008, cuando el Estado aportó 23 millones en 2007 y 28 millones en 2008, cifra que las comunidades autónomas deben igualar por ley.

Este año, los presupuestos de la Comunidad para esta partida han aumentado un 217,56% (a 37 millones de euros), pero "los gastos se plantean inadecuadamente y en contra de lo contemplado en la Ley de la Dependencia, ya que el grueso de la partida se destina a transferencias corrientes".

Según UGT, en lugar de pagar prestaciones económicas -que la Ley de Dependencia establece como medidas excepcionales- "debería crear plazas de residencias e infraestructuras para atender a estas personas".

Ana Sánchez lamentó que la Comunidad "sigue sin realizar un verdadero esfuerzo presupuestario tanto en la creación de infraestructuras -lo que conviene al sector privado- como en la contratación de profesionales para la valoración y baremación de solicitudes, lo que está ralentizando la llegada de las ayudas a las familias y a los propios dependientes".

Tampoco ha habilitado partida presupuestaria para la creación de centros y de plazas residenciales que "mejoraría la calidad de vida de los dependientes y generarían multitud de puestos de trabajo".

Actualmente sólo están dadas de alta como cuidadores no profesionales de dependientes 553 personas, lo cual, según Sánchez es insuficiente.

A "la falta de información, descoordinación y escasez de recursos para realizar las valoraciones de personas en situación de dependencia, se le añade el desbordamiento de los trabajadores, que tramitan más de 500 expedientes a la semana, cuando por ley deberían ser 250", agregó.

La Comunidad de Madrid ha salido al paso de esta denuncia asegurando que atiende a más de 229.000 personas con algún grado de dependencia a través de sus recursos sociales.

En un comunicado, la Consejería de Asuntos Sociales señaló que "aunque se deben adaptar dos sistemas, la Ley Estatal y la Regional de Servicios Sociales del año 2003, eso no quiere decir que se desatiendan a las personas".

En Madrid existen 27.000 plazas asistenciales en residencias y Centros de día para personas mayores; 17.000 para discapacitados, 115.000 teleasistencias y 70.000 ayudas a domicilio, indicaron las fuentes de Familia y Asuntos Sociales.

Agregaron que "estas cifras demuestran la prioridad que da la Comunidad de Madrid a los recursos de atención directa en lugar de las ayudas económicas, que sólo representan un 4% de los Programas de Ayuda concedidos, con lo que se cumple totalmente el precepto que establece la Ley Estatal de conceder estas ayudas con carácter excepcional".

Por otro lado, el presupuesto en la atención y prevención de Dependencia es de 830 millones de euros y la Comunidad de Madrid aporta el 75% del coste de los recursos, mientras que el 12% sólo lo cubre el Estado y el 15% el ciudadano, agregaron.

La Consejería subrayó que "se da la circunstancia de que las Comunidades que aportan más en recursos asistenciales son las que menos ayudas de la Administración central reciben, ya que independientemente del coste del servicio la aportación por usuario del Estado es la misma".

Así, el Ministerio "proporciona a la Comunidad el mismo dinero si ofrece una residencia, con un coste entre 1.800 euros y 3.000 euros al mes, que por una ayuda económica de 500 euros".