El Gobierno de ha apelado a "la corresponsabilidad" de las Administraciones públicas relacionadas con la Cañada Real Galiana para solucionar entre todos un problema que no es "de titularidad del suelo" sino "de orden público y de disciplina urbanística" y que "lleva a la exclusión social y a la delincuencia".

Así lo ha manifestado hoy la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al que ha dado cuenta del contenido del anteproyecto de ley para la desafección y posterior desarrollo urbanístico de la Cañada Real, con la que se trata de "ordenar una situación" de orden público y construcciones ilegales que se remonta unos 50 años atrás.

Mariño ha dado cuenta al Gobierno regional del acuerdo alcanzado por las partes implicadas en este asunto (la Comunidad, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid), en el que se basa el anteproyecto de ley, y ha recalcado que todos coinciden en que "no vamos a consentir que se vuelvan a producir intrusismos" a lo largo de los 14,2 kilómetros de longitud de la Cañada.

La consejera, que no ha querido hablar de fechas o plazos cuando ha sido preguntada por la entrada en vigor de la ley, ha recalcado que será la Comunidad de Madrid "la que tutele todo el proceso desde el consenso" con los ayuntamientos implicados, con la Delegación del Gobierno y con la sociedad civil.

Ha dicho también que las administraciones públicas con las que se está dialogando para elaborar esta ley se han comprometido a "asumir la responsabilidad que le corresponde" a cada una en materia social económica y de seguridad ciudadana y que todas están de acuerdo en que los terrenos de la Cañada Real han de ser desafectados porque ahora el paso de ganado por este lugar "es inexistente" y "no tiene cabida" en esta zona de la Comunidad.

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, elaboró un nuevo borrador de anteproyecto de Ley para regular y dar una solución a los problemas generados en las últimas décadas en la Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

Tras tres meses de negociaciones entre la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y los municipios afectados, el Ejecutivo regional, reunido en Consejo de Gobierno, estudiará mañana el texto del anteproyecto de ley, que tiene como objetivo fundamental proponer una alternativa de futuro para esta zona, informó hoy la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El nuevo texto establece, como paso previo para abordar la resolución de los problemas de la Cañada, la desafección por parte de la Ejecutivo regional de 14,2 kilómetros de terreno, que pasarán a ser bien patrimonial y, por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid.

A continuación, y desde la fecha de aprobación del texto legal, se concederá un plazo de un año para que los consistorios, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, determinen el uso que quieren dar a los suelos objeto de desafección.

Dicha ordenación del territorio se efectuará por cada ayuntamiento mediante modificación de sus Planes Generales.

Transcurrido ese plazo, la Comunidad tendrá derecho a enajenar dichos terrenos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos.

En todo caso, una vez que los ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada.

Asimismo, de forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.

Con el objeto de determinar a qué fincas y ocupantes de la Cañada afecta el nuevo régimen jurídico establecido en la Ley, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid deberán elaborar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, un censo de fincas y ocupantes.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, este anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea regional para abordar su discusión y posterior votación.

La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha dicho que la idea del Ayuntamiento de la capital es "poner en juego los terrenos del entorno" de la Cañada Real dentro de la ordenación urbanística que aprobará previa a la desafectación por la Comunidad de esta antigua vía pecuaria.

Aunque su equipo ya trabaja en ellos, sólo ha adelantado que la ordenación urbanística de la Cañada incluirá el entorno de la misma y que no se actuará de la misma forma en todos los tramos, ya que, por ejemplo, no se estima conveniente proponer uso residencial para el suelo próximo al Parque Tecnológico de Valdemingómez.

La Ley que aprobará la Asamblea otorgará un año de plazo a los ayuntamientos para aprobar la ordenación de su tramo, que se efectuará a través del artículo 69.2 de la Ley regional del Suelo, es decir, mediante modificación del plan general de ordenación urbana.

La ejecución de cualquier negocio jurídico sobre ese suelo por parte de la Comunidad se hará, en todo caso, sin perjuicio de los derechos adquiridos por algunos propietarios, que en el término municipal de Madrid "deben ser muy pocos", según Martínez.

Para conocer este dato con exactitud, los tres ayuntamientos deberán realizar también, en este caso antes de seis meses tras la entrada en vigor de la Ley, el censo de residentes en las viviendas construidas en la Cañada Real, siempre en función del padrón cerrado a fecha de ayer, según ha dicho Martínez.

La tercera actuación en el ámbito competencial de los municipios es el acuerdo social con la Comunidad, como ocurre cuando se va a erradicar un núcleo chabolista, que pondrá "los instrumentos sociales a disposición del proceso", paralelamente a los urbanísticos y a los de seguridad pública, ha explicado la delegada.

Por otra parte, Martínez ha restado importancia al "cierto malestar" que, según fuentes de la Comunidad, existe en el Gobierno regional respecto a las repercusiones de la reunión de ayer y al hecho de que se le esté dando "una utilización política" al asunto por parte de algunos partidos y administraciones implicadas cuando, aseguran, el "liderazgo" en este tema lo ostenta Comunidad de Madrid.

"Lo relevante -ha dicho- es que la mesa de negociación presidida por la Comunidad ha logrado después de 50 años una solución por la vía política y lo absolutamente irrelevante es que nadie de la Comunidad nos dijo ni al alcalde de Rivas ni a mí, ni ayer ni hoy que no podíamos mostrar nuestra satisfacción por el acuerdo".