La formación anunció que iría a la Fiscalía tras publicar un listado del que, a su juicio, se desprenden indicios de "fraccionamiento en los contratos de la Comunidad de Madrid, una práctica ilegal", al constatar una "acumulación significativa de contratos para los mismos adjudicatarios"
Izquierda Unida Madrid ha presentado una denuncia contra el Gobierno de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un posible delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos menores ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Esta denuncia se produce tras un análisis de los contratos menores adjudicados desde julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 que suman un importe superior a los 1.987 millones de euros. Esta cantidad de dinero, según sus cálculos, ha sido otorgada en 1.273.406 contratos menores que suponen el 15 por ciento de la contratación pública de la Comunidad de Madrid en las fechas analizadas. El Gobierno regional empleó este tipo de contratación más que Galicia, Valencia, Cataluña y Andalucía juntas, aseguran los denunciantes.
La denuncia recoge que se puede haber producido un fraccionamiento de contratos, hecho irregular en si, "con el objeto de beneficiar a determinadas empresas evitando la libre concurrencia para la adjudicación de los servicios y bienes contratados".
Igualmente, el escrito contempla que "es evidente que la actuación administrativa puede calificarse de arbitraria y presumiblemente produce un resultado materialmente injusto para la Comunidad de Madrid que beneficia a empresas y profesionales elegidos por propia voluntad".
Según el documento, "es reiterativa la repetición de contratos con idéntico objeto, tramitado por la misma Consejería e incluso, en ocasiones con importe repetido". En este sentido, muestra que en contratos menores de importe superior a 250 euros, hay empresas que han recibido adjudicaciones superiores a los 71 millones de euros, algunas acumulan más de 27.000 contratos.
Las empresas que mayor importe habrían recibido son las del sector farmacéutico y de tecnología médica, siendo la Consejería de Sanidad la que acumula un mayor número de contratos, el 94,3 por ciento del total de este tipo de contratación. Además, "es especialmente llamativa la acumulación de contratos menores a personas físicas llegando a acumular, la misma, hasta 2.951 por importe de más de 673.000 euros", señalan.
Varias empresas recibieron centenares de contratos por decenas de miles de euros, según muestra la denuncia. Así, ISS Soluciones de Limpieza recibió 354 contratos, Relaciones Humanas S.L. decenas en los que destacan aparatados de "carga y descarga", Sumaclinic S.L. 340, Medtronic que acumula 73 millones de euros en 34.551 adjudicaciones y Fisher Scientific S.L. por más de 900.000 euros.
Además, en reparaciones de maquinaria nombran a varias empresas como Fornela Multiservicios (203 contratos, 631.000 euros), Electromecánica Regacho (192 contratos, 38.000 euros), Ñozjom S.L. (171 contratos, 269.000 euros), Núñez de Arenas García Muñoz (104 contratos, 37.000 euros), Suministros Rilaval (54 contratos, 147.000 euros), Talleres electromecánicos Fraile (35 contratos, 62.000 euros).
DENUNCIAN "MALA PRAXIS"
Los coordinadores de IU Madrid, Sol Sánchez y Mauricio Valiente, y el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, han presentado la denuncia ante la Fiscalía por una "mala praxis" realizada por Cifuentes y sus consejeros que entiende pueden ser constitutiva de delito.
Tras la presentación, Sánchez ha expresado que "hay muchos indicios que señalan a un posible hecho delictivo, especialmente cuando la misma empresa ha llegado a recibir más de 71 millones de euros millones en contratos con el mismo objeto". "Lo más lógico es pensar que se están partiendo contratos, algo que más allá de la irregularidad se trata de una ilegalidad", ha añadido.
Por su parte, Sánchez Mato ha aclarado que la contratación menor es un hecho legal, por lo que están denunciando el mal uso de la misma y que esta pueda suponer "ventajas hacia ciertas empresas con el problema de que estas puedan favorecer a un partido político", haciendo referencia a las investigaciones que se han producido sobre corrupción relacionadas con el PP.
Del mismo modo, se ha referido a las denominadas 'puertas giratorias' que puedan suponer que algún consejero acabe en una empresa privada, especialmente "con los antecedentes que ya se conocen de consejeros que han pasado a consejos de administración".
Igualmente, el responsable de Políticas Económicas de IU ha afirmado que existe una "gran opacidad" en la transparencia de la Comunidad de Madrid que les ha hecho difícil conseguir los datos y "quizás ahora se entienda por qué". A pesar de que la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno obliga a publicar trimestralmente los contratos desde el 1 de julio de 2015 y la Comunidad no lo ha hecho hasta enero de 2017, asegura.
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