Según Hernández, se trata de un órgano que se integra en la propia Administración pública, actuando con "total independencia funcional" y separación de los órganos de la administración encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones tributarias
El Reglamento del nuevo Tribunal Económico Administrativo municipal de Getafe, que se encargará de resolver las reclamaciones de los vecinos sobre tributos, ha entrado en vigor tras publicarse este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
El Gobierno municipal aprobó el proyecto de Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo municipal, que fue ratificado inicialmente en el Pleno del pasado mes de diciembre, ya que es de carácter obligatorio, pero hasta el momento no se había establecido en la ciudad.
Estos tribunales tienen el cometido de resolver las reclamaciones de los vecinos sobre tributos, lo que supone interponer un recurso especial para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración.
La alcaldesa Sara Hernández ha explicado que se trata de un órgano que se integra en la propia Administración pública, actuando con "total independencia funcional" y separación de los órganos de la administración encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones tributarias, lo que garantiza "la imparcialidad de sus decisiones y la garantía de los contribuyentes a una resolución más ajustada a derecho".
De esta manera, se "abarata y agiliza" la defensa de los derechos de los ciudadanos, reduciendo "la conflictividad" en la vía contencioso-administrativa, hecho que además "debería permitir aliviar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales".
En ciertos casos, por razón de la cuantía, resolverá un órgano colegiado, lo que le otorga "mayor probabilidad de acierto", ya que los miembros del Tribunal han de ser necesariamente reconocidos expertos en materia tributaria, por lo que se firmará un convenio con expertos de la Universidad Carlos III.
Este Tribunal es un procedimiento gratuito para el ciudadano, aunque pueda ser objeto de costas cuando se aprecie temeridad o mala fe, y no requiere asistencia jurídica, pero "nada impide que voluntariamente el ciudadano se acompañe o asesore por un abogado".
En el ámbito local, conflictos como el mantenido con los operadores de telefonía móvil por la aplicación de la tasa por utilización del dominio público local, o la aplicación del Acuerdo Económico con la Santa Sede como exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, "habría permitido el planteamiento directo de la cuestión prejudicial por el Tribunal Económico Administrativo municipal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar, de este modo, la excesiva judicialización".
El Tribunal contará con un presidente y dos vocales, que tendrán voz y voto, y serán designados por el Pleno Municipal, con la mayoría prevista en la Ley de Bases de Régimen Local, a propuesta de la alcaldesa, entre funcionarios de reconocida competencia técnica en materia tributaria.
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