Sánchez ha querido con la última reforma de los Estatutos del PSOE eliminar cualquier otro poder entre el secretario general y la militancia, como era el caso de los barones
Tras la última reforma de sus Estatutos el PSOE ha entregado a Pedro Sánchez el poder del que no disponía hasta el momento pese a su incontestable victoria frente a los enemigos internos, con la andaluza Susada Díaz al frente. Entre el secretario general y la militancia no hay poderes compartidos. Cesar y el pueblo, nada de baronías que se convierten en distribuidoras de cargos y nóminas. Al margen de opiniones sobre si esta jugada del líder restituye una democracia plebiscitaria o lo que hace es incrementar su poder absolutista, lo ocurrido en el cónclave de los 300 es una demostración que la resistencia al cambio es muy fuerte en el seno del socialismo español, que la guerra entre facciones no ha terminado y que la misma, de cara a los procesos electorales que vienen, es muy poco rentable.
Sánchez y su equipo quieren blindarse aún más recurriendo a los simbolismos del pasado, para ello han llamado a rebato a Felipe González, a José Luís Rodríguez zapatero, a Joaquin Almunia y a Alfredo OPérez Rubalcaba. Nada se sabe de Alfonso Guerra o de Borrell o de Bono o de Joaquin Leguina, por poner sólo unos pocos nombres más al santuario al que ha decidido peregrinar el actual líder para ver si así logra que la militancia primero y los votantes más tarde regresen y pueda conquistar la Moncloa.
Las condiciones para una posible victoria del PSOE en unos comicios generales comienzan a ser buenas. El PP se debilita y retrocede por semanas y Ciudadanos se ha escorado de forma definitiva hacia la derecha, con Podemos en busca de una identidad entre la nube de identidades que la conforman. Se trata de situarse en el centro del tablero, encontrar un discurso entre el liberalismo y la socialdemocracia, que se fije en lo sucedido en Alemania y en Francia, que huya de lo que está sucediendo en Italia, que observe con cuidado la situación en Gran Bretaña y que, en defintiva, traslade a España la globalización política que deja en un segundo lugar a los Parlamentos e incluso a los partidos tradicionales y se encomienda a los liderazgos personalistas.
