El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.
La querella, presentada este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha sido interpuesta ante las "fundadas sospechas" de la formación sobre las "presuntas irregularidades", ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en Cibeles, José Luis Martínez-Almeida.
Para los populares, presuntamente se ha cometido malversación de caudales públicos porque el precio abonado de 10,5 millones de euros a Bonopark, empresa que tenía el servicio, es "lesivo" para las arcas municipales. "Se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo", ha lamentado Almeida, acompañado en la rueda por los ediles Inmaculada Sanz y Álvaro González.
También se recoge en la querella el presunto delito de prevaricación, ya que para el PP hubo decisiones "arbitrarias" e "injustas" en la adquisición del servicio. En este sentido, José Luis Martínez-Almeida ha reiterado que la compra por 10,5 millones de euros de Bicimad se justificó con un informe "sin fechar y sin firmar" y que carecía de encabezado. "En ningún momento los servicios municipales tanto del Ayuntamiento como de la EMT contrastan la valoración de los 10,5 millones de euros", ha puesto de manifiesto.
El PP asegura que "la normativa exige que para poder aprobar la compra del servicio de Bicimad es necesario un informe previo y preceptivo de la Dirección General de Economía y Sector Público" y que éste "no figura en ninguno de los dos expedientes tramitados por la EMT y el propio Ayuntamiento"
Todas estas premisas hacen pensar a los populares que los querellados habrían actuado "de manera negligente" y "abusiva" por no haber "cotejado y avalado la información económica" de la empresa propietaria de Bicimad (Bonopark).
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
Asimismo, el Grupo Municipal del Partido Popular ha asegurado que el Ayuntamiento estableció un "contrato de confidencialidad" con Bonopark con el objetivo de "no tener que revelar datos de la operación". "Ese contrato, como finalidad tenía verificar ese informe presuntamente realizado ad hoc para tratar de blanquear las irregularidades que se han cometido", ha apuntado Martínez-Almeida.
El PP, además de interponer esta querella seguirá 'arrojando luz' en la compra de Bicimad a través de la "vía política", ya que "la ampliación de capital se acuerda por la Junta de Gobierno presidida por Manuela Carmena".
"La responsabilidad penal es contra Inés Sabanés, pero la responsabilidad política última es a quien le corresponde presidir la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, a Manuela Carmena", ha explicado Almeida, quien ha pedido a la regidora "que explique los pormenores de esta operación", ya que "si se producían incumplimientos del contrato ¿cómo es posible que el equipo de Gobierno no iniciara un cambio de expediente, o que viera las razones últimas de que ese expediente no se abriera?"
También continuará el PP solicitando una comisión de investigación. En este cometido esperan que el PSOE los apoye y "deje de actuar de cómplice del equipo de Gobierno y ayude a establecer qué es lo que pasó en esta cesión de contrato". "Veremos si ellos están a favor de una comisión anticorrupción", ha lanzado Almeida, quien ha recordado que "los que no han querido responder ante los madrileños tendrán que hacerlo ante el juez".
"NEGAR EXPLICACIONES"
Martínez-Almeida ha criticado que el "Gobierno de la transparencia" se haya negado a dar "explicaciones" sobre la compra de Bicimad. "Primero se han negado a explicarlo, luego no lo han querido llevar a una comisión de investigación, y las peticiones de información han sido reiteradamente desoídas", ha apuntado a continuación.
Por ello, el PP se ha visto "abocado" a la presentación de dicha querella. Según ha explicado Almeida, les 'empujó' a dar este paso las declaraciones que ofreció Sabanés el pasado jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que, a su juicio, "respaldó la tesis" que mantenía el Grupo municipal.
"Se escuda como si la ley de contratos no fuera aplicable, cuando sabe perfectamente que eso no es cierto; todo lo quieren circunscribir a un Consejo de Administración", ha criticado Almeida, quien ha puntualizado que los 10 millones a pagar por el servicio fueron abonados tras acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, presidida por la alcaldesa, Manuela Carmena.
Así, Martínez-Almeida ha preguntado "por qué no se trató en el Consejo de Administración (este abono) y ahora sí se tiene que tratar ahí". "Responden ante un Consejo de Administración pero no responden ante todos los madrileños; tenemos motivos para pensar que ha habido irregularidades importantes", ha añadido.
EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE LA COMPRA
El Ayuntamiento de Madrid defiende el precio de la compra que hizo de Bicimad tras realizar la propia Empresa Municipal de Transportes (EMT) "numerosos" estudios de Bonopark, la antigua concesionaria, además de otras auditorías externas y como "única solución que permitía una continuidad" del servicio de alquiler de bicicletas "sin sobresaltos".
Las mismas fuentes han explicado que la valoración de los 10,5 millones de euros que valió la compra la hacen técnicos "cualificados" de la EMT a través de "numerosos estudios y auditorías internas y externas". En este sentido, han puntualizado que la EMT, que también se dedica a trabajos de consultoría a nivel internacional sobre sistemas de transporte público, realizó estudios de Bonopark "en todos sus aspectos" durante siete meses. Y que, además, se tuvo en cuenta diversas auditorías: laboral, operacional, tecnológica, financiera y contable y jurídica.
A este respecto, han añadido que algunas de ellas contaron con auditores externos como la tecnológica, "al ser una de las cuestiones más sensibles para la viabilidad del sistema", o la económica, que es una auditoría independiente encargada por Bonopark y que fue depositada en el registro mercantil.
A la hora de analizar la valoración económica del contrato, se realizaron paralelamente dos estimaciones distintas con el objetivo de minimizar el posible margen de error: una valoración de activos tangibles e intangibles, que se calculó en 9,4 millones de euros; y el valor actual neto de los flujos de caja, que se calculó en 11,1 millones de euros.
"Con las estimaciones de activos concesionales y de valor actual neto, se alcanzó un acuerdo con Bonopark en una cifra intermedia entre estos dos valores y se fijó el precio de transmisión en 10,5 millones de euros", han detallado. El 17 de mayo de 2016 se firmó la cesión del contrato entre Bonopark y EMT, con la cláusula suspensiva de que el Ayuntamiento debía autorizar la cesión del contrato.
La autorización de la cesión del contrato se firmó en octubre de 2016 y se realizó "como las decenas que se realizan cada año en el Ayuntamiento", en las que el Consistorio "no valida el precio al ser un acuerdo entre empresas", han señalado. Dicha cesión fue elevada ante notario.
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