El PP denuncia a Sánchez Mato por "escuchas ilegales" en el Consejo de Madrid Calle 30

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto una denuncia, en aplicación de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, contra el delegado de Economía y Hacienda del Consistorio madrileño, Carlos Sánchez Mato, debido a "escuchas ilegales" que aseguran se produjeron en los consejos de Calle 30, ya que "no hay ningún registro de archivo en esas grabaciones", algo "escandaloso".

Tal y como ha explicado el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, al acabar el pleno extraordinario en Cibeles, la denuncia se ha interpuesto, como corresponde, en el registro del Ayuntamiento de Madrid. Ello "no cierra la puerta" a que el PP acuda en segunda instancia al Tribunal Contencioso-Administrativo.

"Le corresponde resolverla (la denuncia) a la alcaldesa, sin perjuicio de que suponemos que la va a desestimar, pero posteriormente ejerceremos todos los recursos que corresponda en vía administrativa y en vía judicial como consecuencia de las escuchas ilegales en los consejos de calle 30, donde no hay ningún registro de archivo en esas grabaciones", ha explicado Martínez-Almeida a los medios de comunicación.

Esta denuncia ya fue anunciada en el último pleno ordinario de Cibeles, donde el edil del PP Álvaro González anunció la interposición de una de una demanda esta misma semana por "falta de transparencia". La denuncia responde a dos motivos. Por un lado, la grabación "a escondidas" de reuniones en reuniones del Consejo de Calle 30, así como por la ruptura de la cadena de custodia de la documentación relativa a la Comisión de Investigación de la M-30.

"Es especialmente grave este asunto, porque esos documentos sirvieron para el dictamen de calle 30, pero es escandaloso que salgan más de 1.300 certificaciones de calle 30 para ser digitalizados y que el consejero delegado no haga sobre los documentos que salen ni sobre los que entraron", ha criticado Almeida.

De salir adelante, la denuncia podría suponer hasta 10 años de inhabilitación para el responsable de Economía del Ayuntamiento de la capital.