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La calentura judicial de la política española
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La calentura judicial de la política española

Se siguen llenando los juzgados de sumarios sobre corrupción y de líderes políticos y empresariales que tienen que ir a declarar como investigados o como testigos. Es una situación asfixiante que convierte la vida pública en un campo de batalla, con trincheras y alambradas entre las que quedan atrapados nombres y apellidos poderosos de los grandes partidos y de las grandes empresas.

Miguel Blesa estaba atrapado en una condena por el uso de las tarjetas black en Bankia y tenía por delante otros dos juicios que podían sumar nuevos años de cárcel a los que ya tenía, si bien el recurso al Supremo podía cambiar ese fatal destino de las rejas. Es posible que ese fuera un elemento determinante en su muerte tal y como ha señalado uno de sus amigos: el oscuro horizonte penal y la presión social imposible de soportar. Realizada la autopsia e incinerado el cadaver esa es la verdad que quedará en los archivos judiciales y en los medios de comunicación. De la misma manera que quedó el infarto de Rita Barberá. Uno y otra víctimas de un tiempo nuevo que arrasó con la forma de entender y de usar los bienes que se les habían entregado para su custodia.

La familia Pujol está atrapada lo mismo que está atrapada la familia Ruíz Mateos, dos sagas todopoderosas en otro tiempo y que ahora - cárcel y condenas por medio- arrastran decisiones judiciales que les han llevado a la picota público y al escarnio social. Manejos de cientos de millones de euros, paraísos fiscales, favores políticos, todo u entramado que se hizo posible por la degradación de la propia democracia que nació en 1977 y de la que acabamos de celebrar sus cuarenta años.

Celebración que debería haber puesto en valor las palabras e ideas del nuevo Rey y que estará en las hemerotecas y en los libros de historia como el castigo o el despreció que se hizo de forma gratuita a uno de los máximos responsables de que se enterrara la dictadura, que además sigue siendo Rey. Otra familia a la que por error o ignorancia del poder de la comunicación instantánea de las redes sociales se la embarca en un enfrentamiento interno que no existe y que ha obligado a que Juan Carlos I y Felipe VI tengan que aclarar lo que nunca debió ponerse en cuestión, por más que algunos busquen en el pasado de la dinastía Borbón antecedentes del desplante.

Padres e hijos, hermanos que entran en la misma cárcel acusados de los mismos delitos, ya se apelliden González o Villar, ya hayan mandado y mucho en la Comunidad de Madrid o en el futbol nacional. Sumarios que van de los juzgados de Instrucción a la Audiencia nacional o a los Tribunales Supremos de las autonomías. Jueces y fiscales que necesitan apoyos para afrontar las voluminosas cargas de trabajo que llegan a sus despachos. Unidades de élite de la Policia y la Guardia Civil que se convierten en protagonistas de la vida nacional en medio de batallas personales entre antiguos y nuevos jefes que mantienen en su poder, y los usan, los informes secretos que no vieron la luz público y que sirven para negociar y presionar sobre sus futuros.

Va a terminar julio con otra subida de calor judicial: el día 26 irán a declarar como testigos el presidente del Gobierno y el presidente del Senado, los dos del PP. Dirán que no sabían nada de financiaciones irregulares de su partido pero la oposición intentará clavarles todos los puñales dialécticos que puedan. Y mientras, en las Cámaras que debían legislar para la buena salud política, económica y social de los españoles, se arrojarán vicios y corruptelas a la cara, se hablará de policias políticas como si se estuviera en una dictadura, y se olvidarán sus señorías de la educación, la sanidad, las pensiones, el mercado de trabajo y de ese billón de euros que nuestro país debe y que nunca podrá pagar por más que la "culpable" directora general del FMI y los que le acompañan vuelvan a insistir una y mil veces en que en España tienen que bajar los salarios, tiene que aumentar la precariedad laboral y se deben congelar sine die las pensiones.

Y hasta donde alcanza la vista, sesenta días mal contados, aparece el uno de octubre como la fecha maldita de un pais que se ha dejado descoyuntar en 17 pedazos en base a una carrera de taifas en la que nadie quiere ser menos que los demás y todos quieren lo que esta España no puede darles. Cataluña es una parte del problema, pero no el problema. Por eso mirar sólo a esa fecha que han marcado los independentistas es un error. O se arregla el estado y eso es algo que tienen que hacer los políticos o tras ese uno de octubre vendrá el resto del calendario y no sólo en una de nuestras autonomías.

No se si Miguel Blesa pensó en suicidarse unas horas antes, unos días antes o una semana antes de viajar con su rifle de caza a la finca de sus amigos. Pudo tener la idea y pudo haberla superado, pudo haber vencido la maldita tentación si hubiera hablado con alguno de los suyos, si hubiera expuesto su problema y solicitado ayuda. Lo que si sé es que España lleva mucho tiempo en esa senda que conduce a su suicidio como Nación, como Estado, como País, como territorio en el que viven y conviven 46 millones de personas. Y que los que tienen que hablar para evitarlo no lo hacen.