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El Ayuntamiento dispuesto a llevar al Supremo las restricciones de crédito de Montoro

El Ayuntamiento dispuesto a llevar al Supremo las restricciones de crédito de Montoro

viernes 30 de junio de 2017, 13:34h
El Consistorio ha presentado un recurso contra el auto del TSJM que denegó las medidas cautelares solicitadas ante los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el Ministerio de Hacienda tras el rechazo del Plan Económico-Financiero (PEF)

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este viernes un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que denegó las medidas cautelares solicitadas ante los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el Ministerio de Hacienda tras el rechazo del Plan Económico-Financiero (PEF).

Si el recurso no fuera estimado, el Ayuntamiento acudirá al Tribunal Supremo, ha informado el Consistorio en un comunicado. A juicio del Ayuntamiento, el auto que deniega las medidas cautelares realiza una "interpretación perjudicial de la jurisprudencia" del Tribunal Supremo en cuanto a la posible excepcionalidad de la situación, además de "no tener en cuenta perjuicios para la ciudadanía en las exigencias del Ministerio de Hacienda y su aplicación de la regla de gasto".

El pasado 29 de mayo el Ayuntamiento presentó un recurso ante el TSJM contra la denegación del Plan Económico Financiero (PEF) y contra los acuerdos de no disponibilidad de crédito exigidos por el Ministerio de Hacienda, además de medidas cautelares por la vía contencioso-administrativa.

El TSJM desestimó las medidas cautelares el pasado 21 de junio en un primer auto. Todavía está pendiente la decisión del tribunal sobre el fondo del asunto

El Ayuntamiento presenta ahora recurso de reposición contra la denegación de las cautelares. Lo hace planteando que el TSJM no ha examinado el principio de igualdad ante la ley, esgrimido por el Consistorio para poner de manifiesto la diferencia de trato frente a otros municipios.

La Administración municipal considera que tampoco ha valorado el tribunal "los perjuicios que la aplicación de la política financiera y presupuestaria del Estado ocasionan a la ciudadanía ni estima que el propio Estado incumplió la regla de gasto en 2016 sin ninguna consecuencia".

El Pleno municipal aprobó acuerdos de no disponibilidad de 238 millones sobre el presupuesto de 2017 dando cumplimiento a los requerimientos del Ministerio. Los acuerdos no comprometen ninguna de las inversiones previstas puesto que se recurre a otras vías de financiación para garantizar la ejecución de todas las partidas presupuestarias, han insistido desde el Gobierno municipal.

Lo que reclama el Ayuntamiento por la vía judicial es que estos acuerdos de no disponibilidad sean revertidos y que la regla de gasto impuesta por el Ministerio de Hacienda sea reformulada, "una demanda compartida por centenares de municipios a nivel estatal"
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