Detrás de la Comunidad se sitúa la Tesorería General del Estado, con 20,4 millones de euros; el Ayuntamiento de Arganda del Rey (12,1 millones); la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad (8,6 millones); el Ayuntamiento de Rivas (7,7 millones de euros) o la Administración General del Estado (6 millones).
El artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria introducido con la modificación operada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, exige a todas las administraciones la publicación periódica del listado de deudores que se encuentren en situación de incumplimiento relevante de sus obligaciones tributarias en los términos que establece, en concreto por deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo que no se encuentren aplazadas o suspendidas, cuyo importe supere un millón de euros.
Con esta actuación, el Ayuntamiento "fomenta el desarrollo de una conciencia cívica tributaria, basada en la exigencia constitucionalmente establecida de que todos deben contribuir a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica".
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