Según Garrido, el que PSOE, Podemos y Cs se hayan negado a aceptar las comparecencias pedidas por el PP para esclarecer la adjudicación del contrato de la cafetería de la cámara regional al Grupo Cantoblanco, "va a tener consecuencias"
El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha criticado este martes que los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, a los que ha denominado el "tripartito de inquisición", se han negado a aceptar las comparecencias solicitadas por el PP para esclarecer lo sucedido con la adjudicación del contrato del servicio de cafetería de la cámara regional al Grupo Cantoblanco.
En este sentido, ha incidido en que sólo han aceptado la comparecencia de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, una decisión que, a su juicio, se basa en que no quieren conocer " la auténtica verdad" de lo sucedido, sino su verdad.
Así lo ha dicho Garrido en declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos tras conocerse que la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica ha rechazado la petición de comparecencias de técnicos y varios políticos en la comisión de investigación de la Cámara autonómica realizada por el PP con el fin de esclarecer si hubo irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería a la empresa de Arturo Fernández.
"El tripartito de inquisición lo que ha hecho es saltarse todos los procedimientos de comparecencia en la comisión de investigación, no ha permitido que hubiera declaraciones previas, no ha pedido siquiera documentación en un proceso administrativo donde todo está documentado", ha criticado Garrido, quien ha pedido a la oposición que no ponga excusas formales.
A su juicio, lo sucedido esta mañana en la Junta de Portavoces es algo a lo que estaban acostumbrados, pero que "hoy ha escenificado con muchísima más crudeza". "Ese tripartito de Podemos, Ciudadanos y PSOE que empezó siendo el tripartito de oposición pero se ha convertido en un tripartito de imposición y de inquisición", ha señalado a renglón seguido.
Garrido ha relatado que la presidenta Cristina Cifuentes solicitó comparecer a petición propia para explicar todo lo relacionado con el procedimiento administrativo de adjudicación de la cafetería de la asamblea y PP solicitó adicionalmente la presencia de 11 de las 30 personas que participaron del proceso para "aclarar cómo ocurrió todo y cómo se produjo el desarrollo de ese procedimiento administrativo".
No obstante, ha apuntado, la oposición ha determinado que "nadie más pueda comparecer". "Al parecer esa solicitud que formulaban de conocer la verdad se limita a conocer su verdad no la auténtica verdad", ha apostillado.
"ESTO VA A TERNER CONSECUENCIAS"
Garrido ha señalado que se trataba de ocho técnicos y tres políticos, dos de ellos de PSOE e IU (Francisco Cabaco y Antero Ruiz) y desde la oposición "se han negado de forma absolutamente mezquina y atropellando democráticamente todos los derechos de la presidenta de la Comunidad".
"Habíamos pedido comparecer a todas las personas que habían participado en el proyecto y no han querido que comparezca ninguna. Han cruzado todas las líneas rojas del comportamiento democrático. Esto va a tener consecuencias", ha señalado para asegurar que el día 2 de junio Cifuentes acudirá a la Asamblea "porque lo dijo y quiere" pero ha tildado de "autentica vergüenza" el comportamiento de PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Garrido ha denunciado que a pesar de todas las comparecencias pedidas desde la oposición "sólo llaman a la presidenta y además impiden que legítimamente el PP pueda llamar a personas que aclaren lo que paso allí". "Yo creo que de verdad se han cruzado todos los límites. Es una auténtica vergüeza, un escándalo democrático", ha señalado.
A su juicio, en Madrid "solo hay un partido que es Podemos" y "los demás hacen seguidismo y ahora los tres son tres aprendices de Torquemada".
En este punto, ha advertido de que no van a consentir, ni el PP ni el gobierno, que se atropellen sus derechos democráticos. "No puede ser que continuamente en las mesas de la asamblea y en la junta se impone un criterio de tripartito que no representa a la mayoría y lo lógico es que se sigan los criterios reglamentarios", ha apuntado.
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