Elconcejal de Ahora Madrid ha circunscrito los expedientes al "estricto cumplimiento de la ley" y no ha una venganza. Barbero fue rodeado por 200 agentes fuera de servicio y representantes sindicales, recibió insultos como "hijo de puta", "rojo de mierda", "perroflauta" o "dictador"
La portavoz de Ciudadanos en el área de Salud, Seguridad y Emergencias, Ana Domínguez, ha tildado de "vendetta" el expediente abierto a seis policías municipales que participaron en una protesta contra el delegado, Javier Barbero, el 16 de febrero de 2016, unas críticas a las que se ha sumado la popular Paloma García Romero, mientras que el concejal de Ahora Madrid ha circunscrito los expedientes al "estricto cumplimiento de la ley".
La protesta se produjo a la salida de una comisión del ramo. El delegado, rodeado por 200 agentes fuera de servicio y representantes sindicales, recibió insultos como "hijo de puta", "rojo de mierda", "perroflauta" o "dictador" mientras que su coche fue bamboleado y el tráfico cortado en la calle Mayor.
García Romero ha sostenido que la protesta se produjo "por la falta de diálogo" con el área y ha criticado que el delegado no siguiera las recomendaciones de sus escoltas y saliera por la trasera del edificio de comisiones "para haber evitado los gritos de la protesta". La edil del PP ha apuntado que la apertura de los seis expedientes se ha activado después de que se archivara la querella presentada por policías al considerar que el delegado les había llamado "fascistas".
"La venganza se sirve en plato frío. Ha esperado al archivo de la querella para revolverse contra ellos", ha lanzado García Romero a Barbero, al que ha acusado de caer en la "soberbia" contra unos funcionarios que "ejercieron su derecho constitucional a protestar". También ha recordado que la protesta contaba con autorización de Delegación de Gobierno y que el delegado "defendía los escraches" pero no cuando se le hacen a él.
Barbero le ha contestado que la concentración era legítima y autorizada pero "se transformó en una manifestación no autorizada, con corte de la calle Mayor", algo que se debe investigar. El 24 de febrero de 2016 se solicitó informe a los mandos policiales, el 7 de marzo se abrió un informe reservado para esclarecer los hechos, que termina el 29 de agosto. El 2 de noviembre la dirección general solicita al servicio disciplinario el informe sobre los expedientes, que son incoados el pasado 24 de abril. El plazo para establecer la sanción es de dos años.
Tras insistir en el "estricto cumplimiento de la ley", Barbero ha hecho un repaso por los artículos de la ley de régimen disciplinario aplicable a las policías locales. "Cuando un policía promete o jura su cargo se compromete a cumplir la ley y hacerla cumplir y a obedecer las órdenes legales de las autoridades", ha remarcado.
Barbero ha añadido que en la querella interpuesta, luego sobreseída, los firmantes aparecen como policías, no como sindicalistas. "Ellos se sitúan como policías", ha apostillado, tras recordar que deben cumplir la ley y respetar las decisiones de sus superiores porque, en caso contrario, estarían cometiendo una falta grave.
Esto "supone obligaciones como que un policía está obligado a intervenir en todo tiempo y lugar en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana y también tiene que proteger a las autoridades", ha dicho. A la edil de PP le ha aclarado que la protesta no fue un escrache y que no parecía una protesta sindical sino política, con insultos como "rojo de mierda".
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