La comisión responde a un acuerdo plenario alcanzado el pasado 28 de febrero. A ella sí acudirá el PP, no como ocurrió con la dedicada a la venta de viviendas públicas de la EMVS a 'fondos buitre'. Once ediles formarán la comisión: cuatro de Ahora Madrid, otros tantos del PP, dos del PSOE y uno de Ciudadanos.
En representación de Ahora Madrid estarán los concejales Carlos Sánchez Mato, que ejercerá de portavoz, Esther Gómez, José Manuel Calvo y Pablo Soto.
Por el PP acudirán como representantes José Luis Martínez Almeida (portavoz), Álvaro González, Percival Manglano y Jesús Moreno. Mercedes González (portavoz) y Chema Dávila representarán al PSOE y Miguel Ángel Redondo a Ciudadanos.
APERTURA DE DILIGENCIAS
El juez de Instrucción número 44 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón a raíz de una denuncia presentada por el partido Contrapoder por supuestas irregularidades en el mantenimiento de la M-30.
El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, declaró ayer que el Ayuntamiento de la capital "no es un segundón" y que tomará la iniciativa judicial relativa a la M-30 "cuando procesalmente sea oportuno".
"No nos temblará la mano para iniciarlas", aseveró Sánchez Mato. "El Ayuntamiento no es un segundón en este caso sino que tiene que tomar la iniciativa pero cuando procesalmente sea oportuno", indicó.
CÁMARA DE CUENTAS
El informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid indica que el modelo de gestión mixto de Madrid Calle 30 --el 80 por ciento está participado por el Consistorio y el 20 restante por el socio privado, EMESA-- es "lesivo" para las arcas del Ayuntamiento. EMESA está integrada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación.
La empresa se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.
OMISIONES Y DEFICIENCIAS
La Cámara de Cuentas emitió su informe definitivo sobre Madrid Calle 30 el pasado 29 de diciembre. En las conclusiones se señalan omisiones en el proceso de constitución de la empresa o posibles deficiencias detectadas de su actividad y ámbito contractual.
Así indica que la transformación de una empresa local en mixta, que implica un cambio de modelo de gestión directa a indirecta, debe fundamentarse en una memoria comprensiva, que incluyera estudios técnicos, jurídicos y financieros, que no constan entre la documentación facilitada.
La Cámara de Cuentas indica en el dictamen que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30 no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio sino de la rentabilidad del privado, establecida en el 7,053 por ciento de la suma de la aportación de capital y el préstamo subordinado aportado por dicho socio privado.
En la práctica, la rentabilidad es muy superior porque en el cálculo no se tiene en cuenta la retribución que EMESA percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación. Dicho beneficio, obtenido del ahorro en los gastos de explotación y mantenimiento, se incrementaron en 2007, pasando de 12 millones a más de 23 millones de euros.
QUIÉN PAGA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
Otra de las resoluciones resalta una discrepancia importante respecto a quien debe asumir el coste del suministro eléctrico: según el pliego de cláusulas administrativas debería ocuparse exclusivamente el socio privado pero según el de condiciones técnicas quien debe abonar el pago es la empresa mixta.
Hasta la fecha ha sido Madrid Calle 30 la que ha soportado dicho gasto ya que hasta finales de 2015 ha pagado cerca de 55 millones de euros.
El Ayuntamiento destina anualmente alrededor de 140 millones de euros a Madrid Calle 30 siendo la única fuente anual de ingresos de la sociedad, de los que solo unos 28 son destinados al mantenimiento y explotación de la infraestructura. El resto se destina al pago de intereses de la deuda, reparto de dividendos, pago de IVA e impuestos de sociedades. Una gran parte de estos gastos podría eliminarse si se optara por otro modelo de gestión.
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