Estos trabajadores fueron despedidos por su presunta falsificación de facturas para cobrar beneficios sociales del convenio
Los 26 trabajadores despedidos de la empresa municipal de limpieza de Getafe (LYMA) por la presunta falsificación de facturas para cobrar beneficios sociales del convenio han entregado 1.500 firmas a la alcaldesa Sara Hernández solicitando su readmisión.
Una de las trabajadoras despedidas ha sido la encargada de entregar las firmas a la alcaldesa en el Pleno municipal donde se ha aprobado una moción de Ahora Getafe, con la única abstención del PSOE, para que se facilite toda la documentación e informes necesarios relativos a los despidos realizados y los mecanismos que han fallado "para que no se haya detectado el fraude durante tanto tiempo", depurando responsabilidades.
De esta forma, quieren que se acredite la comprobación de conductas tipificadas como faltas, así como la aplicación de las sanciones previstas en el convenio colectivo en la forma y proporción al grado de participación y consumación de la falta denunciada y comprobada de manera individualizada.
También se ha acordado que se establezcan, de no existir, los mecanismos que hagan real una buena gestión pública, transparente, que garantice los derechos y obligaciones de los trabajadores y el control de los mandos intermedios y directivos de las empresas públicas, "que en última instancia alcanza a los responsables políticos".
Igualmente se ha aprobado asegurar la continuidad de LYMA como empresa pública y de calidad, implantándose los sistemas que sean necesarios para el control eficiente y la gestión responsable y transparente, tanto del servicio que se presta como del marco de relaciones laborales y directivas existentes.
Desde Ahora Getafe se han mostrado disconformes "con el hecho de que se hayan podido utilizar facturas falsas para cobrar los beneficios sociales acordados en el convenio colectivo, en caso de confirmarse los hechos", pero les parece "muy grave que de forma continuada se haya podido sustraer dinero de las arcas públicas y que este hecho no haya podido ser detectado ni controlado por la dirección y responsables del área de la empresa municipal".
"Nadie puede pasar por alto lo ocurrido, y no cabe duda que se debe dar respuesta adecuada a tales presuntas actuaciones no acordes a derecho, pero desde la individualización de las responsabilidades y la graduación y proporcionalidad de las sanciones", han subrayado.
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