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Henández nombra asesora a la exedil que dimitió por el `caso Aparcamientos´

Henández nombra asesora a la exedil que dimitió por el `caso Aparcamientos´

viernes 03 de marzo de 2017, 13:46h
Cristina González, que renunció al cargo en 2014, ha sido asesora adjunta al gobierno municipal, por lo que percibirá un salario de 57.337 euros brutos al año

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una resolución de la Alcaldía de Getafe nombrando como personal eventual con jornada a tiempo completo y dedicación exclusiva a la exconcejala socialista Cristina González que dimitió en 2014 por el 'caso Aparcamientos', cuya causa fue archivada hace dos meses.

Cristina González ocupa el puesto de asesora adjunta del Gobierno municipal de Getafe con un salario de 57.337 euros brutos al año, según se ha hecho público ayer miércoles en el BOCM.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid archivó el pasado mes de enero la causa del denominado 'caso Aparcamientos' de Getafe tras estimar el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y los propios afectados, acordando por unanimidad el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales.

La exconcejala de Obras, Cristina González, dijo entonces en las redes sociales que eran "momentos de inmensa alegría" y dio las gracias a quienes siempre creyeron en su inocencia, después de que el PP le acusara en 2009 de estar en una Junta de Gobierno local donde se votó la adjudicación de un aparcamiento a la cooperativa Jilguero en la que también figuraban como secretario y tesorera el padre y la madre de la edil.

En el mismo sentido, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, mostró una "enorme satisfacción" por el archivo del 'caso Aparcamientos' tras "más de siete años de falsas acusaciones a compañeros y trabajadores municipales".

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Getafe había acordado en su día la incoación de procedimiento abreviado contra varios funcionarios del Ayuntamiento, cuatro concejales socialistas, incluido el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, y una edil de IU por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación y tráfico de influencias.

La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado sobre la existencia de "una presunta trama corrupta" para la adjudicación de la ejecución y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento, lo que fue finalmente sobreseido.
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