Exjefe de Evaluación Ambiental: "Me acusan de prevaricar y el director general se va de rositas"

El exjefe del departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid Joaquín Fernández de Castro ha negado en el juicio del 'caso Guateque' haberse saltado el tramite ambiental en más de una decena de expedientes a cambio de dádivas, denunciando que mientras el fiscal le acusa de prevaricar el entonces director general de Calidad Ambiental "se va de rositas".

Fernández de Castro, que se ha definido como una persona "honrada" y "formal", se enfrenta a una petición fiscal de once años y medio de cárcel por un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

De Castro era el superior director de Victoriano Ceballos, supuesto cerebro de la trama y exresponsable del departamento de la División de Impacto Ambiental. Sobre su relación, ha negado que pidieran sobornos a cambio de adelantar expedientes. Lo que sí ha dicho es que había determinados expedientes que se adelantaban por interés general como relativos a hospitales o colegios.

En instrucción, reconoció que se recibían "presiones políticas" para adelantar determinados expedientes. Sin embargo, el exfuncionario municipal ha negado durante su declaración todos los delitos que le imputa el fiscal y las partes, aseverando que es "imposible" que diera luz verde a informes favorables que se habían saltado los trámites ambientales.

"El informe ambiental no era nuestra competencia. Estaba en el director general Ramón Sánchez López de Luzuriaga --De Obras y Vías Públicas--. Era su competencia exclusiva. Es imposible que los informes salieran de mí", ha replicado a preguntas del fiscal, quien le ha inquirido acerca de una decena de expedientes de licencias de locales de diversa índole, desde farmacias hasta ludotecas.

Así, ha insistido en que "jamás" ha cogido un expediente y ha aseverado de forma rotunda que los informes firmados por otros acusados eran "ajustados a Derecho", extremo que ya defendió la exfuncionaria Carmen Eulalia Ibáñez.

Cuando el fiscal le preguntaba sobre otro expediente, Fernández de Castro le ha echado en cara que a él se le acuse de "prevaricador", mientras que el entonces director general de Calidad Manuel Tuero "está de rositas por ahí". En instrucción, los directores generales manifestaron al juez Santiago Torres que recibían llamadas de concejales "interesándose" por expedientes concretos.

ACTUACION PULCRA

Su abogado, José Miguel Serrano, ha manifestado tras concluir la declaración que su cliente ha defendido que desde el punto de vista jurídico toda su actuación es "absolutamente pulcra y ajustada a derecho". "Lo que pudiera ocurrir más arriba no lo sabemos. Creo que nunca lo sabremos. A su nivel, absolutamente nada que nos puede llevar a estar hoy en el banquillo de los acusados", ha aseverado.

Además, ha indicado que los informes por los que está imputado también están firmado por Tuero, con lo que ha habido "una frontera" que no se ha decidido cruzar y "nunca sabremos por qué". "No cabe ninguna duda de que su comportamiento fue ajustado a derecho y que no cometió ningún delito", ha dicho.

Por otro lado, Fernández de Castro ha mantenido un pulso con el fiscal al recriminarle que en el caso de otro expediente para una licencia de un local destinado a la fabricación de carpetas de plástico está "confundiendo la física con la qu'ñimica", ya que le ha informado que en esa empresa solo se daba forma al plástico y ello no requería de un sometimiento al trámite de evaluación ambiental.