Las empresas que opten a contratos públicos deberán presentar una declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domicialiadas en paraísos fiscales
El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este martes que el Consistorio incluirá una cláusula específica contra el fraude fiscal en sus contratos de servicios y compra de suministros, tanto del propio Ayuntamiento como de Organismos Autónomos y empresas del sector público municipal.
De este modo, las empresas que opten a contratos públicos deberán presentar una declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domicialiadas en paraísos fiscales.
El anuncio se ha realizado este martes en la entrada del Salón de Plenos en el Palacio de Cibeles, donde Oxfam Intermón ha entregado al delegado una invitación simbólica para que la ciudad se declare zona libre de paraísos fiscales.
El responsable de Fiscalidad y Sector Privado de la asociación, Miguel Alba, ha sido el encargado de entregar a Sánchez Mato esta propuesta, que forma parte de la campaña, a la que ya se han unido ciudades como Barcelona, Zaragoza y Sevilla.
La iniciativa --que se presenta al mismo tiempo en Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Madrid-- pretende que las instituciones públicas incorporen en sus políticas de contratación criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.
Según ha informado Alba, la medida propone que los Ayuntamientos busquen "medidas de contratación para pagar, velar porque la contratación pública busque la ejemplaridad". "Creemos que si Madrid se suma contribuye a fomentar marcos de responsabilidad fiscal con todas las empresas que contrata, y que vela por una fiscalidad justa y progresiva por todos los ciudadanos", ha añadido.
El delegado de Economía, que ha agradecido la invitación, ha indicado que esa "justicia fiscal global" es un "anhelo que se tiene que plasmar en la práctica". "Ese es nuestro reto", ha precisado Sánchez Mato.
En este sentido ha añadido que "hay que buscar la forma" de que esta medida tenga "carácter normativo", algo para lo que espera tener el apoyo de PP, PSOE y C's.
El delegado de Economía y Hacienda ha lamentado que la Delegación del Gobierno ha mostrado en "algunos casos posiciones contrarias" a esta medida, "que ha puesto a la Abogacía del Estado a recurrir este tipo de medidas, que creo que es el camino que hay que seguir".
Además, Sánchez Mato ha asegurado que "por supuesto" tiene conocimiento de que con anterioridad al actual equipo de Gobierno, el Ayuntamiento contrató con empresas que tiene sociedades radicadas en paraísos fiscales.
"Hay muchísimas contrataciones públicas que ha realizado en el pasado el Ayuntamiento de Madrid y realiza en el presente que no tienen en cuenta este elemento a la hora d ella contratación pública", ha precisado.
Para luchar contra ello, ha pedido el apoyo de instituciones y ha llamado al Gobierno central a que sea "beligerante" en este objetivo.
Por su parte, el Ayuntamiento ha ido adoptando algunas campañas similares. El pasado mes de enero, por ejemplo, el Ayuntamiento incorporó las cláusulas sociales en contratos de servicios y compra de suministros.
De igual modo, hace un mes el Consistorio aprobaba una instrucción para reservar, al menos, un 0,5 por ciento de las adjudicaciones de contratos públicos a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción labora
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