El juez Castro pregunta a la AN por la agenda de Granados y el secreto de sumario

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha librado un exhorto a la Audiencia Nacional para preguntar si las investigaciones sobre la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados siguen bajo secreto.

En ella constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

El magistrado ha cursado esta diligencia en el marco de las pesquisas que, bajo secreto a la espera del pronunciamiento de la AN, tiene abiertas dentro de la causa que indaga el presunto amaño del proceso para la adjudicación de las obras del hospital de referencia de Baleares, Son Espases, así como su conexión con los trabajos de reforma de la sede central del PP nacional, ubicada en la calle Génova de Madrid.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la 'Operación Púnica' y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido madrileño.

Las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular -sin coste alguno para el partido- por parte de las empresas que concurrieron al concurso de Son Espases a cambio de resultar beneficiarias de la adjudicación. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

Castro continúa así buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

FACTURAS POR VALOR DE 237.000 EUROS

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.