Mil firmas contra el cierre de la Unidad de Agudos de Geriatría del Marañón

l sindicato CSIT Unión Profesional ha presentado durante la mañana del jueves ante el Registro más de 1.200 firmas entre las hay profesionales y especialistas de geriatría contra la reforma que plantea la Gerencia del Hospital "que implica el cierre de la Unidad de Agudos de Geriatría del Gregorio Marañón".

Tal y como ha explicado el delegado sindical del hospital, José María Willke, estas firmas sirven para "denunciar el desmantelamiento de una planta "puntera" en la especialidad de agudos de Geriatría". Los plantes del Gobierno, ha denunciado, es "derivar pacientes de este unidad a Instituto Privincial de Rehabilitación (IPR)" lo que no traería "ningún beneficio" puesto que "no cuenta con la especialización necesaria para la atención de los pacientes".

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado durante la mañana de hoy que "la unidad de Geriatría del Marañón no se va a desmantelar sino que se va a mejorar". "Lo que estamos haciendo es racionalizar la utilización de servicios, dar un mejor servicio a los enfermos de Geriatría", ha puntualizado.

El delegado sindical, respondiendo a las palabras de la presidenta, ha insistido en que "lo siente" por ella pero "se quiere desmantelar y hacer desaparecer".

"El IPR --centro al que, denuncian, se quiere derivar los pacientes-- está preparado solo para atender a un paciente corriente pero no a uno de agudo de Geriatría", ha advertido el delegado sindical.

"La filosofía de la Unidad de Agudos del hospital es que tiene que estar en un centro con las distintas especialidades", ha insistido, por lo que ha lamentado que "si se lo llevan a otro centro ya no tendría a las otras ramas cercanas.

Por ejemplo, "si un enfermo ingresa con neumonía aguda, en la propia planta de geriatría le vería un especialista en neumología", mientras que en el IPR "no tendría acceso inmediato a ese especialista" al no estar en el mismo edificio.

El sindicato también le ha remitido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, un documento en el explica todas estas cuestiones y en el que le piden que se paralice "el proceso de desmantelación de la Unidad".