El Tribunal de Cuentas investiga la autoimposición de pluses en Lyma

El Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la empresa municipal de limpiezas (LYMA) toda la documentación correspondiente a la posible autoimposición, por parte del anterior gerente y dos directoras, de pluses de disponibilidad de más de mil euros mensuales varios días antes del cambio de Gobierno, en junio de 2015.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, LYMA denunció a estos cargos directivos del anterior Gobierno municipal, así como al exalcalde, Juan Soler, y su concejal de Limpieza, Jesús Burranchón, "por conocedores y consentidores", y en su condición de presidente de la Junta General de esta empresa y consejero delegado, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas investigará estos hechos, por lo que ha solicitado los acuerdos del consejo de administración que se hubieran adoptado para autorizar dicho incremento en la nómina del 35 por ciento de disponibilidad, así como aquellos otros acuerdos que fundamenten o permitan la atribución de los pluses.

Asimismo, han señalado que se han solicitado los contratos del exgerente, Federico Zarza Núñez; de la exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez Eceizabarrena, y de la exdirectora de Comunicación y Atención Ciudadana, Mónica Labrador Casillas, "que fueron quienes se autoimpusieron dichos pluses, de la misma forma que toda aquella documentación que se considere relevante para la investigación".

"El antiguo gerente se autoimpuso un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y ambas directoras de 1.166 euros al mes, además del sueldo, exigiendo también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo desde el inicio de sus contratos", han indicado.

Han recordado que en mayo de 2012 la propia exdirectora de Recursos Humanos elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes, por lo que propuso "la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones".

La alcaldesa, Sara Hernández, aseguró que los costes de la empresa se sobredimensionaron en más de un millón de euros en la pasada legislatura solo en personal directivo, que en algunos departamentos era incluso más numeroso que los propios trabajadores que realizaban las labores de limpieza.