La Comunidad aportó fondos al Campus de Justicia cuando estaba en disolución

martes 06 de octubre de 2015, 13:03h
Así lo ha detectado la Cámara de Cuenta, cuyo presidente reclama una reforma que permita a este organismo tener capacidad sancionadora
El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, ha explicado que se detectaron nuevas aportaciones económicas al proyecto de Campus de la Justicia cuando ya estaba en proceso de disolución y remitió hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional que no se entregaban o lo hacía fuera del plazo establecido las cuentas de la entidad, lo que imposibilitaba el poder valorar si los fondos y provisiones que se transferían desde la Comunidad estaba justificados.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión del Estudio del Endeudamiento de la Asamblea de Madrid y donde ha defendido que se comunicó esta situación tanto a la cámara regional como al Ejecutivo autonómico, sugiriendo también a los grupos parlamentarios que valoren si se tiene que dar más competencias a la Cámara de Cuentas para intervenir en este tipo de situaciones.

"Necesitamos tener esa capacidad sancionadora", ha defendido Canalda para decir que el caso de la sociedad encargada del Campus de la Justicia es un caso "excepcional" dentro de la Comunidad de Madrid, pues el resto de organismos rinde cuentas, y entiende que ello tiene que ver con "dejación de funciones" por parte de antiguos gestores que de una actitud de no informar.

En este punto, el Grupo Parlamentario Popular ha avanzado que quiere trabajar en una reforma que permita dotar de capacidad sancionadora a la Cámara de Cuentas en los casos donde no se atienda a los requerimientos y ha dicho que el Gobierno regional, a través de la Dirección General de Justicia, de las cuentas de los ejercicios no rendidos para que, aunque fuera de tiempo, puedan ser fiscalizados. También Ciudadanos ha defendido la necesidad de reformar la legislación para reforzar su papel.

Por su parte, Podemos ha criticado la actitud del órgano fiscalizador al entender que la Cámara de Cuentas no ha cumplido con sus obligaciones y ha "mirado hacia otro lado" ante la acumulación de evidencias de irregularidades o "ilegalidades" que arrastraba la gestión de la sociedad de Campus de la Justicia.

A su vez, el Grupo Parlamentario Socialista ha censurado que las advertencias emitidas por la Cámara de Cuentas no hayan sido atendidos por el Gobierno regional y por la mayoría parlamentaria que entonces ostentaba el PP, remarcando que los grupos de la oposición demandaron en multitud de iniciativas información y actuación en la sociedad encargada del desarrollo del Campus de la Justicia, que ha tildado de "maldito proyecto".
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