Dos jueces del Gürtel vinculados al PP juzgarán la `caja B´ del partido

Los dos jueces de la Audiencia Nacional para los que se solicitó la recusación en el caso Gürtel por sus supuestos vínculos con el Partido Popular (PP), Concepción Espejel y Enrique López, formarán también parte del tribunal que se encargará de juzgar la 'caja B' de la formación presidida por Mariano Rajoy, informaron fuentes jurídicas.

Así consta en una diligencia de ordenación notificada este jueves en la que el juez instructor, José de la Mata, eleva esta causa a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que juzgará los hechos con un tribunal en el que, al igual que en el juicio sobre la trama Gürtel, Espejel será la presidenta y López el ponente de la sentencia.

Los dos magistrados fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y López también fue elegido en 2013 miembro del Tribunal Constitucional a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, se vio obligado a dimitir en junio de 2014 después de dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.

La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.

López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

RECUSACIÓN EN TRÁMITE

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa contra la red dirigida por Francisco Correa, ha solicitado la recusación de López por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP, que además de nombrarle para los dos cargos citados le invitó entre los años 2003 y 2010 a más de medio centenar de actos y cursos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar.

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), también acusadora en ese procedimiento, amplió la recusación también a Espejel y solicitó la comparecencia como testigos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el antiguo responsable de Justicia de la formación, Federico Trillo.

En relación con la presidenta del tribunal, la asociación, de ideología progresista, señalaba que recibió los "encendidos elogios" de Cospedal cuando, en febrero de 2014, le hizo entrega de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. "Es el acto de reconocimiento a una gran mujer", señaló la dirigente 'popular' antes de añadir que "para todos es Concha y lo va a ser siempre".

POLÉMICAS RESOLUCIONES DE DE PRADA

El tercer miembro del tribunal, José Ricardo de Prada, también ha sido ponente de resoluciones polémicas. En abril de 2011 firmó un voto particular discrepante en el que defendía que el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) en 2006 tienen "plena justificación" en el marco de "un proceso de negociación política o de un proceso de paz".

En julio pasado sostuvo que una pintada a favor de la organización terrorista ETA puede no ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo si se trata de "un texto inacabado de contenido interpretable" y está escrita "en una pared de una casa de una calle no céntrica de una pequeña población".

De Prada escribió estos argumentos en un voto particular a una sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que condenaba a un año de cárcel a Julen Ibarrola Pérez, de 21 años, por escribir el 5 de julio de 2014 en una pared de Lesaka (Navarra) junto a un anagrama de ETA: "Estamos orgullosos de vuestra lucha, viva vosotros, el pueblo está con vosotros".

CINCO ACUSADOS

En el banquillo de los acusados se sentarán los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que se enfrentan a sendas penas de cinco años de cárcel; el exgerente del PP Cristóbal Páez (un año y medio); y los socios del estudio de arquitectura Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García (3 años y diez meses).

El juez De la Mata estableció en mayo pasado una fianza de 1,2 millones de euros para el PP, que responderá en el juicio como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus antiguos tesoreros.

En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede de la formación en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.