Expertos alertan del declive generalizado del gorrión

El estudio, publicado en la revista 'Ardeola', de SEO/BirdLife, ha sido realizado por llevado a cabo por Luis Miguel Torres-Vila, junto a un equipo de otros siete investigadores de la Universidad de Extremadura y del Gobierno extremeño.

En el mismo, se analiza también a la especie cuando era considerada plaga en un análisis que abarca desde el año 1501 hasta 1900 teniendo como fuente de documentación 12.000 Libros de Acuerdos de 203 archivos municipales. Así, se han encontrado 251 acuerdos sobre "plagas de gorriones" repartidos en 336 años e implicando a 47 municipios. "La mayoría de esos acuerdos (97,2%) fueron repartimientos a los vecinos imponiendo la entrega obligatoria de un número de gorriones muertos en un periodo determinado, bajo pena de multa o cárcel", explican los autores.

La investigación revela una variación significativa tanto a escala espacial como temporal de las mismas, que se relaciona con factores ambientales y agroecológicos. Concretamente, el índice espacial ha mostrado valores altos en algunas zonas cerealistas, destacando la Raya, al oeste de Badajoz.

Por su parte, el índice temporal alcanzó valores máximos a mediados del siglo XVIII (1741-1779), según los autores "probablemente por ser un período más templado (dentro de la llamada Pequeña Edad de Hielo) junto con una mayor disponibilidad de alimento para las aves relacionado con el aumento de la temperatura. También se examinaron algunos factores sociopolíticos, económicos e históricos que podían haber influido en los índices de plaga".

En este trabajo, se recuerda que en el pasado la Administración autorizaba la caza de especies, que ahora están protegidas, sin ningún tipo de estudio (ni legislación al respecto) sino más bien por considerarlas competidoras directas del hombre en algún aspecto; en el caso de los gorriones porque el cereal forma parte de su dieta.

No sería, según los autores, hasta finales del siglo XIX, con la Ley de Caza de 1879, que establecía algunas medidas generales de protección, y sobre todo con el Convenio Internacional de Aves Útiles para la Agricultura de 1902, suscrito por España, cuando la Administración mostrara más sensibilidad en la protección de las aves.