El Gobierno dice que velará para que se cumpla la sentencia de Coca-Cola

El Gobierno dice que velará para que se cumpla la sentencia de Coca-Cola

martes 21 de abril de 2015, 11:39h
La sentencia de la AN obliga a la multinacional a readmitir a los empleados afectados por el ERE, entre ellos los de la planta de Fuenlabrada

El Gobierno central ha manifestado que "velará en todo momento por el cumplimiento de las sentencias de los distintos Órganos Jurisdiccionales", en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Izquierda Unida Ascensión de las Heras sobre qué está haciendo para garantizar el cumplimiento de la sentencia sobre el ERE de Coca-Cola en Fuenlabrada, que obliga a readmitir a los trabajadores.

No obstante, el Gobierno señala también en su respuesta, recogida por Europa Press, que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

Asimismo, recuerda que la ejecución de sentencias en el ámbito laboral encuentra su regulación específica en los artículos 237 y siguientes de la Ley 36/2011, de la Jurisdicción Social, a la que remite para reclamar cualquier posible incumplimiento o irregularidad al respecto.

Por otro lado, a la pregunta de la diputada de Izquierda Unida sobre por qué el Ministerio del Interior está "permitiendo que se esté desmontando la fábrica contraviniendo la ejecución de la citada sentencia", en alusión a la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, el Gobierno ha aclarado que "el pasado día 15 de enero de 2015 se estableció por parte del Cuerpo Nacional de Policía un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la fábrica que la empresa tiene en la localidad de Fuenlabrada, al objeto de prevenir posibles altercados, puesto que se esperaba una gran afluencia de manifestantes".

A este respecto, detalla que, alrededor de las 12 horas, los manifestantes allí congregados comenzaron a "insultar a los policías" y "arremetieron contra los funcionarios policiales que formaban parte de un cordón policial, con la intención de acceder a la fábrica".

Como consecuencia de ello, dos funcionarios policiales y tres asaltantes resultaron lesionados, siendo detenido uno de los manifestantes por un presunto atentado contra un agente de la autoridad, precisa el escrito del Gobierno.

"Posteriormente, los servicios de seguridad de la empresa comunicaron que alrededor de unas 100 personas, la mayoría encapuchadas, se habían introducido tras romper unas ventanas, en la propia fábrica", prosigue.

Tras indicar que estas personas "sacaron con violencia física --empujones, patadas, utilización de punzones y amenazas-- a los trabajadores que se encontraban en su interior, mientras los grababan con teléfonos móviles--", el Gobierno ha recordado que "los mencionados trabajadores presentaron denuncia por esos hechos habiéndose abierto una investigación policial para esclarecer los mismos".

Finalmente, ante la pregunta de si se han utilizado medios de transporte del Ministerio del Interior para "facilitar la entrada de personas ajenas a la plantilla para proceder a desmantelar la fábrica", el Gobierno ha puntualizado que no se hizo uso de medio de transporte alguno de la Dirección General de la Policía para facilitar el transporte a los trabajadores que accedieron a la citada fábrica.
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