Anticorrupción se opone a más investigaciones sobre el ático de González

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga se opone a la ampliación de la investigación solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) sobre el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y considera "conveniente esperar a lo que pueda resultar" de las comisiones rogatorias ya tramitadas sobre la empresa que primero alquiló y luego vendió el inmueble.

Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el fiscal responde a las peticiones realizadas por el SUP en octubre y noviembre del pasado año 2014. Entre otras cuestiones, se pedía la identificación del delito previo al supuesto blanqueo de capitales, que para el sindicato sería un delito de cohecho "siendo el acto constitutivo del soborno el ático adquirido" a través de la empresa Coast Investor.

Al respecto, el representante del ministerio público dice que la existencia de esa presunta dádiva "carece de la necesaria acreditación indiciaria", apuntando a que la solicitud se apoya en un "razonamiento circular: la prueba del delito previo es la propia opacidad en la adquisición del citado inmueble".

Asimismo, se añade que para justificar la existencia de ese nuevo delito antecedente "debiera poder atribuirse el soborno, al menos indiciariamente, a alguna persona física o jurídica, cosa que no se ha efectuado", rechazando que se pueda remitir a las afirmaciones de otros querellantes, como la Asociación de afectados por la gestión de la televisión pública madrileña, toda vez que la querella presentada por este colectivo ya fue rechazada en el Tribunal Supremo.

Por esto, considera conveniente esperar a las comisiones rogatorias libradas a las autoridades judiciales de Reino Unido y a Estados Unidos, que fueron emitidas con el fin de determinar la traza del dinero utilizado por la empresa Coast Investors en la adquisición del inmueble. Así, se pretende por la Fiscalía evitar una investigación prospectiva.

Por otro lado, respecto a la petición de diligencias de prueba de índole patrimonial sobre González, el fiscal recuerda que en tanto es presidente de la Comunidad de Madrid y afecta a un aforado "no pueden ser acordadas" por la instructora de Estepona "sin merma de su derecho fundamental a un juez ordinario predeterminado por ley".

También se opone a nuevas imputaciones, entre ellos el presunto testaferro Rudy Valner; así como a la imputación de personas jurídicas.